Coerción contra falso fiscal por estafas y usurpación

Un juez impone garantía económica e impedimento de salida a Enercido Heredia González

El sistema judicial del Distrito Nacional ha dictado medidas cautelares contra Enercido Amaurys Heredia González, un estudiante de Derecho que, durante los últimos dos años, operó un sofisticado esquema de fraude. 

Según el expediente presentado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, el imputado se hacía pasar por abogado habilitado y fiscal en ejercicio para extorsionar a personas cercanas y ciudadanos particulares, utilizando incluso el logo oficial del Ministerio Público en su plataforma de WhatsApp.

El juez Rigoberto Sena impuso una garantía económica de RD$400,000 a través de una aseguradora, sumado a la presentación periódica ante las autoridades y el impedimento de salida del país. 

La captura se produjo el pasado 29 de abril de 2026, cuando Heredia González fue sorprendido en flagrante delito dentro de la sede central del Ministerio Público, mientras intentaba cobrar el saldo de una supuesta representación jurídica ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

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Perjuicio económico y víctimas del fraude

Las investigaciones preliminares han acreditado la existencia de al menos cuatro víctimas directas. El daño financiero asciende a decenas de miles de pesos y dólares, además de una tentativa de extorsión fallida por un monto de RD$150,000. 

El imputado utilizaba tácticas de presión psicológica, citando a sus víctimas por supuestos casos de homicidio mediante documentos falsos, para luego solicitar "honorarios" anticipados que oscilaban entre los RD$10,000 y RD$40,000.

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Usurpación de funciones y delitos digitales

Heredia González, quien figura únicamente como estudiante activo de Derecho sin título profesional, utilizaba su carné universitario para generar confianza. 

El Ministerio Público sostiene que el procesado incurrió en crímenes de alta tecnología al manipular perfiles digitales para simular autoridad oficial. 

A pesar de que el órgano persecutor solicitó un año de prisión preventiva, el tribunal optó por las medidas económicas y restrictivas de libertad ambulatoria mientras continúa el proceso de instrucción por estafa y usurpación de funciones.