Migración advierte: multas por contratar extranjeros ilegales

El director de la DGM insta a empresarios y hogares a regularizar su personal.

La advertencia de la Dirección General de Migración (DGM) es clara: contratar mano de obra extranjera sin papeles ya no es un riesgo menor, sino una ruta directa a sanciones económicas pesadas. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, titular de la institución, recordó que el cumplimiento de la ley migratoria no es opcional para el sector empresarial, los productores agrícolas ni para quienes emplean personal doméstico en sus hogares.

A la fecha, el mensaje ha pasado de las palabras a los hechos. Lee Ballester reveló que 112 empresas ya han sido sancionadas por mantener en sus nóminas a trabajadores en condición irregular. No se trata de simples llamados de atención; las multas por estas infracciones oscilan entre los 15 y 20 salarios mínimos, una cifra que varía según la gravedad del caso y la reincidencia del empleador.

Para evitar estos contratiempos legales, la DGM enfatiza que el proceso debe iniciar correctamente desde el primer día. El requisito indispensable para gestionar el carnet de Trabajador Temporero (TT1) es que el extranjero haya ingresado al país de forma legítima y con el visado correspondiente.

Sin este paso previo, resulta imposible registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo o formalizar la inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), dejando al trabajador desprotegido y al empleador en la ilegalidad.

Asimismo, existe una responsabilidad compartida que no termina con la contratación. Los empleadores tienen la obligación de notificar de inmediato a la DGM cualquier desvinculación laboral.

Este reporte es vital para que las autoridades puedan actualizar el estatus migratorio del extranjero y proceder según lo que dicta la normativa vigente.

Por otro lado, el director destacó que la institución está inmersa en un proceso de descentralización para facilitar estos trámites. Actualmente, las oficinas de Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago ya operan bajo este esquema, con miras a expandirse por todo el territorio nacional.

El objetivo es que la burocracia no sea una excusa, reduciendo costos logísticos y haciendo que el proceso de regularización sea mucho más ágil y accesible para todos.