Tres meses de prisión por atentado eléctrico en Moca

El tribunal castiga con prisión preventiva la destrucción de equipos de medición

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva contra Nicolás Guzmán, acusado de atentar de forma violenta contra el tendido energético en el sector Villa Progreso. El magistrado Sandy Castillo dictaminó la medida de coerción tras evaluar las denuncias presentadas por la empresa distribuidora EDENORTE Dominicana y los fiscales estatales, abriendo un proceso penal que busca frenar el vandalismo recurrente contra las redes de distribución de energía en la región norte.

El expediente acusatorio formalizó los cargos basándose en la violación al artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, el cual castiga con severidad la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura energética nacional. 

Las autoridades presentaron pruebas audiovisuales que demuestran que el imputado atacó los equipos de medición eléctrica y montó conexiones clandestinas, mostrando además una conducta agresiva frente a las brigadas técnicas que realizaban labores operativas de mantenimiento en el paraje El Semillero.

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Penas severas y multas millonarias por fraude

La litigación estuvo a cargo de la magistrada Ydania Rodríguez, en representación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), junto al equipo legal de la distribuidora. 

Durante el juicio, las entidades públicas recordaron que el marco legal dominicano contempla castigos estrictos para quienes saboteen las líneas vivas; los delitos tipificados bajo esta ley específica pueden acarrear condenas de entre tres y diez años de prisión, sumado a sanciones económicas que oscilan entre los 50 y 200 salarios mínimos del sector público.

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Desde la dirección de EDENORTE insistieron en que estas acciones vandálicas no representan únicamente un golpe financiero para el Estado, sino que ponen en riesgo el suministro estable para miles de clientes legítimos de la provincia Espaillat. 

La prestadora reafirmó que continuará persiguiendo judicialmente los fraudes y la violencia ciudadana en sus zonas de concesión para garantizar un ambiente seguro a sus brigadas de inspección técnica.