MP presenta más de 130 pruebas contra ex encargado suministros DGSPC

112 páginas sustenta 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales.

El Ministerio Público concluyó la presentación formal de la acusación contra un exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), señalado de estafar a múltiples empresas mediante la simulación de compras institucionales.

El expediente acusatorio, depositado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, consta de 112 páginas y está sustentado en 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales. Según el órgano acusador, este cúmulo probatorio demuestra la responsabilidad penal del imputado Antonio Beato Dionicio.

Presentación formal ante tribunal colegiado

La acusación fue presentada por los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keila Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista.

Durante la audiencia del miércoles, el Ministerio Público presentó cuatro de los 25 testigos que tiene previsto incorporar en el proceso judicial. El tribunal aplazó la continuación del juicio para el miércoles 4 de marzo, a las 9:00 de la mañana, cuando se prevé que el equipo litigante continúe con la exposición de las pruebas restantes.

Esquema fraudulento con documentos falsos

De acuerdo con el expediente, el acusado contactaba a representantes de distintas empresas y les solicitaba productos supuestamente destinados al sistema penitenciario. Para sustentar sus requerimientos, entregaba documentaciones falsas, simulando procesos de compra oficiales.

En noviembre de 2025, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio tras acoger la solicitud del Ministerio Público.

Los hechos atribuidos al procesado incluyen falsedad en escritura pública, prevaricación y estafa, en violación a varios artículos del Código Penal dominicano. El órgano persecutor sostiene que el caso constituye un ejemplo de cómo se vulnera la confianza institucional para obtener beneficios ilícitos.

Con esta fase concluida, el proceso entra en una etapa decisiva que pondrá a prueba la solidez de la acusación y el alcance de las responsabilidades penales en el sistema judicial dominicano.