¿Quién detendrá ejecuciones policiales?

Hipólito Mejía, autodefinido “guardista”, reforzó la supremacía policial.

Los delincuentes solo entienden el lenguaje del plomo, habría comentado un matarife, cuando asomaban barbuceos de reformas tras la expulsión de Balaguer en 1978. El PRD, despojado de 4 senadores, se vio imposibilitado de hacer cambios en la justicia (el Senado escogía los jueces), quedando intacta la Policía trujillista de 1936.

El caudillo reformista regresó al poder a los 8 años, gracias a la guerrita fratricida perredeista, que se saldó con el homicidio de un presidente y la prisión de otro y la reafirmación del “Estado policial”.

Una especial coyuntura en l996, provocó que Balaguer optara por apoyar al PLD, que sin experiencia y atrapado en la maraña de intereses ajenos, en minoría congresual, solo alcanzara a teorizar sobre cambios en instituciones corrompidas como la Policía.

Hipólito Mejía, autodefinido “guardista”, reforzó la supremacía policial, llegando incluso a instruir a un jefe de la institución, a quien perfiló casi como un “héroe”, a que no acudiese a una invitación del Congreso Nacional.

Leonel y el PLD regresaron en el 2004 y dieron pasos para que los grises se sujetaran al control del ministerio de Interior, pero al final parecieron rendirse ante los arrolladores intereses policiales. Incluso, la Policía pasó a controlar la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Danilo Medina empujó algunos cambios, pero en sentido general la Policía continuó sus operativos de ejecutar a “reconocidos delincuentes” en los desacreditados “intercambios de disparos”.

Luis Abinader al asumir en 2020, declaró la transformación y modernización de la Policía como prioridad del Estado y designó y juramentó de primera (antes que a los ministros) a la exjueza suprema Miriam Germán en la Procuraduría General de la República y al abogado Luis Soto en el DNI, posición siempre reservada a generales militares y policías en activo o retirados.

El joven general Edward Sánchez fue la primera apuesta de Abinader en la jefatura policial, pero a los 14 meses y en medio de quejas por aumento de la delincuencia fue sustituido por el general Eduardo Then, quien de inmediato prometió “mano dura” y “tolerancia cero” frente a la delincuencia. Música para los oídos de los partidarios del “Estado policial”. Derrota de la visión inicial presidencial.

A los pocos días, Abinader intervino la Policía, al iniciar las reuniones los lunes en el Palacio de la Policía de lo que luego se definió como Fuerza de Tarea Conjunta y seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Asumo intervención el interés presidencial de invertir horas presenciales semanales en la fiscalización directa de seguridad y confrontar instancias del ministerio público y de inteligencia con las policiales.

Sin embargo, es evidente que se ha impuesto la visión, de “en lo que avanza la reforma, vamos saliendo de los “delincuentes”, lo que he llamado atajo que podría hacer fracasar la necesaria, y ya con importantes pasos en firmes, reforma policial.

El 2024 cerró con 120 ejecuciones; 186 en 2025 y 146 al cerrar julio, proyectando una creciente mortandad este año.

Cada muerte violenta debió investigarla el ministerio público, pero pese a los anuncios, se desconocen los informes sobre estos casos. Solo cuando hay protesta ciudadana o un video desmiente la versión policial, se dan las indagaciones judiciales.

El caso del joven Darlim Enmanuel Mercado Reyes, en Herrera, debería cerrar esta orgía de sangre policial. Son muchos los inocentes, pero uno solo al año es demasiado.

Parte de la población hastiada de la delincuencia aplaude los excesos policiales, pero el gobierno tiene una obligación constitucional y el Estado no puede prevalerse de su falta: falla en resolver los problemas de formación y socio-económicos, y por la incapacidad contener a quienes caen en la delincuencia, opta por ejecutarlos.

El poder sabe cómo esto se detiene.