Tribunal niega devolver bienes a imputado por red de sobornos

Jueza mantiene retenidos efectos considerados claves para la investigación penal

SANTO DOMINGO. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó parcialmente la solicitud presentada por Bolívar Nicolás Fernández Espinal, uno de los imputados en el caso de la presunta red de cobro de sobornos integrada por militares y un civil, al decidir que los bienes incautados durante un allanamiento continúen bajo custodia por su importancia para la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, acogiendo el planteamiento del Ministerio Público, representado en la audiencia por la fiscal litigante Rosa María Pichardo, quien sostuvo que los efectos retenidos podrían ser solicitados posteriormente en decomiso como parte del proceso penal.

“La jueza consideró que esos efectos podrían ser solicitados en decomiso posteriormente, que ella no estaba en las condiciones de poder fallar la devolución y rechazaba el recurso del imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal”, explicó la fiscal Pichardo al concluir la audiencia.

No obstante, la representante del órgano acusador precisó que el Ministerio Público no objetó la devolución de aquellos bienes que carecen de utilidad para la investigación y que no constituyen elementos de prueba dentro del expediente.

La investigación se deriva de un caso de presunta corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, operaba mediante el cobro de sobornos y afectó procesos de contratación en varias instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Además de Fernández Espinal, el expediente involucra al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

Todos enfrentan acusaciones por presunta violación de diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Asimismo, el Ministerio Público les atribuye la vulneración del artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción administrativa.

En materia de lavado de activos, el órgano persecutor sostiene que los imputados incurrieron en infracciones contempladas en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, normativa que establece sanciones para quienes oculten o administren recursos provenientes de actividades ilícitas.

Con esta decisión, el tribunal mantiene bajo custodia judicial los bienes considerados de interés probatorio, mientras el proceso continúa en la fase de instrucción y el Ministerio Público concluye la investigación para sustentar la acusación formal.