Histórica primera sentencia de extinción de dominio en RD
En un fallo sin precedentes para la justicia dominicana, el Ministerio Público logró la primera condena bajo la Ley 340-22. La decisión ordena decomisar de forma definitiva tres vehículos confiscados durante un operativo contra el comercio ilícito en La Vega.
Tribunal entrega al Estado vehículos que contrabandeaban cigarrillos en La Vega
La República Dominicana registró un hito judicial definitivo en su estrategia contra el crimen organizado. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó la primera sentencia de extinción de dominio en la historia del país, ordenando la entrega inmediata al Estado dominicano de tres vehículos confiscados en 2025. Los bienes eran utilizados de forma ilícita para el transporte de cargamentos de cigarrillos de contrabando, marcando un precedente clave en la aplicación de la normativa orientada a golpear la estructura financiera de las actividades delictivas.
El histórico fallo responde a un requerimiento formal de la Unidad de Extinción de Dominio, un órgano especializado creado por el Consejo Superior del Ministerio Público bajo la dirección directa de la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso. Con este dictamen, los órganos persecutores validan la efectividad de la Ley 340-22, un mecanismo legal diseñado exclusivamente para recuperar el patrimonio obtenido o utilizado en flagrante violación a las leyes nacionales.
Los detalles de los bienes confiscados
La decisión de los magistrados afecta directamente a tres unidades de transporte de carga y pasajeros que fueron interceptadas en plena actividad ilegal. En detalle, el tribunal ordenó el decomiso definitivo de dos camiones de las marcas Mack y EICHER (modelos MS300P y PRO3008G, años 1996 y 2021, respectivamente), además de un minibús Toyota, modelo Town ACE del año 2019.
Durante las audiencias, los fiscales asignados a la Procuraduría Regional de La Vega lograron aportar los elementos probatorios suficientes para demostrar el vínculo directo de estos bienes con el traslado y distribución de mercancía ilícita, desmontando los argumentos de la defensa y certificando el origen irregular de su operatividad en las carreteras del país.
El operativo de captura en La Penda
El origen de este caso se remonta al 4 de julio de 2025. En esa fecha, las autoridades ejecutaron una sorpresiva interceptación en la comunidad de La Penda, un punto estratégico de la provincia norteña. Las indagatorias y la posterior incautación de los automotores fueron el resultado de un esfuerzo conjunto entre los agentes de la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito y las fuerzas operativas del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Ambas entidades lograron neutralizar el contrabando en el momento justo del traslado, impidiendo que el producto ilegal ingresara al circuito comercial local, lo que hubiese significado una evasión fiscal considerable y un riesgo sanitario para los consumidores dominicanos.
Un mensaje contundente al crimen organizado
Tras notificarse el fallo judicial, la institución persecutora valoró de forma positiva la decisión de la corte vegana, reafirmando que esta sentencia traza una línea clara en la política criminal del Estado. Las autoridades subrayaron que se mantendrán firmes en la persecución de los activos de la delincuencia en todas sus modalidades.
Conviene recordar que el marco normativo vigente establece que la ley de extinción puede aplicarse no solo a los bienes de procedencia espuria localizados en territorio nacional, sino también a aquellos que se encuentren en el extranjero, activando los tratados de cooperación internacional. La meta final de la legislación es despojar a los infractores de las herramientas logísticas y financieras que facilitan el delito de contrabando en la geografía nacional.
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