Bolivia decreta estado de excepción por ola de bloqueos y protestas

Gobierno ordena medidas extraordinarias tras 50 días de crisis nacional

LA PAZ, Bolivia.– Tras casi dos meses de bloqueos de carreteras, protestas y una creciente paralización de la actividad económica, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la imposición de un estado de excepción por 90 días, una medida con la que busca restablecer la circulación en el país y contener una crisis que amenaza con profundizar la tensión política y social.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario defendió la decisión alegando que el Gobierno agotó todas las vías de diálogo disponibles antes de recurrir a una medida extraordinaria. Según explicó, el objetivo es recuperar el libre tránsito y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales, afectados por más de 50 días de movilizaciones y cierres de carreteras.

“La población no puede seguir siendo rehén de los bloqueos”, afirmó Paz al justificar una disposición que otorga mayores facultades a la Policía y a las Fuerzas Armadas para intervenir en las vías ocupadas y restablecer la circulación en distintos puntos del territorio nacional.

El decreto fue anunciado apenas horas después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país. El pacto permitió la suspensión de las medidas de presión impulsadas por ese sector, pero no logró desactivar el conflicto con organizaciones campesinas que continúan exigiendo la renuncia del presidente.

La situación mantiene dividido al movimiento social boliviano. Mientras los dirigentes de la COB respaldaron el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo, varias organizaciones rurales rechazaron los términos del acuerdo y ratificaron la continuidad de los bloqueos.

Entre ellas figura la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, cuyos dirigentes aseguran que las protestas no solo continuarán, sino que podrían extenderse a otras regiones del país. Según voceros del sector, las demandas planteadas por las comunidades campesinas siguen sin recibir respuestas satisfactorias por parte del Gobierno.

El impacto económico de la crisis comienza a reflejarse en distintos indicadores. Estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias calculan pérdidas superiores a los 2,600 millones de euros, una cifra que aumenta la presión sobre una economía que atraviesa un proceso de reformas impulsado por la actual administración.

Desde su llegada al poder, Rodrigo Paz ha promovido medidas orientadas a la liberalización económica, la reducción de subsidios a los combustibles y una mayor apertura a los mercados internacionales. Sin embargo, estos cambios han generado resistencia en sectores agrícolas, mineros e indígenas, que denuncian un deterioro de sus condiciones de vida en medio de una inflación creciente.

Con el estado de excepción ya en vigor, el Gobierno apuesta a recuperar el control de las principales rutas del país y evitar un agravamiento de la crisis. No obstante, el desafío inmediato será lograr un entendimiento con los sectores campesinos que mantienen las protestas y que, por ahora, no muestran señales de retroceder en sus demandas.

Fuente: Europa Press.