Unicef alerta por desaparición de 64 niños haitianos que ingresaron a Chile

​Organismo exige aclarar con urgencia el paradero de los menores de edad

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó de grave el ingreso irregular de niños haitianos a Chile y consideró como una urgencia de Estado conocer el paradero de 64 menores que se encuentran actualmente desaparecidos.

La alerta se encendió tras revelarse que, entre enero y octubre de 2025, más de 200 infantes de esa nacionalidad entraron al territorio chileno bajo el alegato de una presunta reunificación familiar, perdiéndose el rastro de casi una tercera parte de ellos. El caso ya se maneja en los tribunales como un presunto delito de trata de personas, despliega Prensa Latina.

​Los datos oficiales recopilados por la Contraloría General de la República exponen un modus operandi complejo: el traslado de los menores se realizaba mediante vuelos chárter que partían de Haití y hacían escala en la República Dominicana. Las autoridades detectaron situaciones extremas en las que un solo adulto llegó a viajar acompañado por más de 30 niños en un mismo vuelo, lo que levantó sospechas inmediatas sobre las redes de control migratorio.

​Ante estas revelaciones, el organismo internacional solicitó formalmente a las instituciones estatales involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar la situación con la máxima celeridad. "Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación", advirtió la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de un comunicado oficial, en el que urgieron a activar todos los mecanismos de búsqueda disponibles.

​Marco legal y fallas en la protección institucional

​La organización internacional recordó que el país austral cuenta con herramientas jurídicas vigentes para evitar este tipo de desamparos. Específicamente, mencionaron la Ley 21.430, que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Ambas normativas establecen de manera taxativa las obligaciones del Estado para asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes en las fronteras.

​El impacto público de la denuncia escaló hasta la cúpula de la Iglesia católica. El cardenal chileno Fernando Chomali exigió llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. El también arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago advirtió en sus redes sociales que, de comprobarse el tráfico de menores, significaría que la corrupción caló en lo más profundo del aparato estatal.

​Acciones judiciales y reunión de emergencia

​La ofensiva legal comenzó formalmente esta semana. El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para que se investigue el eventual delito de trata de personas. La acción judicial no solo se limita a los adultos que ejercían de acompañantes en los vuelos chárter, sino que apunta directamente a establecer las responsabilidades de las aerolíneas, las agencias de viajes y cualquier funcionario o particular que haya facilitado el ingreso de los infantes.

​La gravedad de la situación obligó a una intervención del Poder Ejecutivo al más alto nivel. Para la mañana de este jueves se convocó una reunión ampliada de emergencia en el Palacio de La Moneda. La cita, liderada por el presidente José Antonio Kast, cuenta con la presencia confirmada de las máximas autoridades del Poder Legislativo, incluyendo a los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, con el objetivo de coordinar una respuesta institucional ante la vulneración de los controles fronterizos y asegurar la localización de los menores desaparecidos.