Juez federal de EEUU tumba restricciones migratorias de Trump 

Afectaban a solicitantes de visados y asilo de 39 países 

Un juez federal de Estados Unidos revocó las restricciones migratorias impuestas durante la Administración Trump contra ciudadanos de 39 países, al determinar que las medidas fueron ilegales y dejaron a miles de personas atrapadas durante años en un limbo jurídico. 

La decisión fue emitida por el juez John McConnell, del distrito de Rhode Island, quien en un fallo de más de 130 páginas concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicó políticas contrarias a la ley que bloquearon resoluciones clave sobre asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía. 

Según el magistrado, las restricciones afectaron de manera directa a ciudadanos de países de África, Asia, América Latina y Oriente Próximo, no por fallas en sus expedientes, sino únicamente por su lugar de nacimiento. “A estas personas se les impidió categóricamente recibir decisiones finales sobre sus solicitudes”, señala la sentencia. 

McConnell fue tajante al afirmar que “el Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual”, y sostuvo que USCIS excedió sus atribuciones legales. El juez concluyó que la agencia violó tanto la legislación migratoria aprobada por el Congreso como las normas que regulan su propio funcionamiento interno. 

En su análisis, el tribunal sostuvo que USCIS reclamó facultades que no tiene, tomó decisiones sin ofrecer explicaciones razonadas y dejó de ponderar los intereses legítimos de los solicitantes. Además, cuestionó el uso reiterado de argumentos de seguridad nacional, que, a su juicio, sirvieron para encubrir posturas antiinmigrantes prohibidas por la ley. 

“La agencia actuó de forma arbitraria y caprichosa”, escribió McConnell, al advertir que estas prácticas empujaron a innumerables inmigrantes a una situación de incertidumbre legal indefinida, pese a haber seguido los procedimientos establecidos. 

Las restricciones ahora anuladas fueron implementadas hace más de un año, luego de que la Administración Trump endureciera sus políticas migratorias tras un tiroteo en Washington, perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional. A partir de ese hecho, USCIS congeló o retrasó miles de trámites vinculados a personas originarias de los países señalados. 

El fallo responde a una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones sociales y sindicatos que brindan servicios a inmigrantes. Estas entidades denunciaron que las medidas provocaron retrasos sistemáticos, sin base legal ni criterios objetivos, en los procesos migratorios. 

Para el juez, el impacto de estas políticas fue profundo y prolongado. Señaló que muchas personas vieron afectadas su estabilidad laboral, su reunificación familiar y su estatus legal, sin posibilidad real de defensa administrativa. 

Con esta decisión, USCIS queda obligada a retomar el procesamiento regular de los casos afectados, bajo los parámetros establecidos por la ley federal. El fallo representa un revés judicial significativo para el legado migratorio de la Administración Trump y refuerza los límites legales de las agencias federales en esta materia. 

La sentencia podría además abrir la puerta a nuevas revisiones de casos que permanecieron congelados durante años, marcando un punto de inflexión para miles de inmigrantes que aún esperan una resolución definitiva.