Caso Camaleón va a juicio y expone penas de hasta 20 años 

Jochi Gómez, Hugo Beras y otros enfrentarán cargos por corrupción 

El caso Camaleón entró oficialmente en la fase de juicio de fondo. El Ministerio Público logró que un tribunal ordenara la apertura a juicio contra Jochi Gómez, Hugo Beras y otros implicados, quienes ahora se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho. 

La decisión fue emitida por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud del órgano acusador y envió a juicio al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S., y a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). 

El tribunal rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Beras y dispuso también el envío a juicio de Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant. 

La acusación alcanza además a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, así como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. 

En el expediente también figuran como imputadas varias empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. 

De acuerdo con el Ministerio Público, se trató de una estructura criminal integrada por funcionarios, exservidores públicos y particulares, que aprovechó su posición y conexiones para manipular procesos de contratación pública. El esquema, según la acusación, utilizó empresas interpuestas, prestanombres y documentación falsa para asegurar la adjudicación irregular de un contrato valorado en RD$1,317 millones, vinculado al control de infraestructuras tecnológicas del tránsito. 

Wilson Camacho destacó que este proceso marca un punto de inflexión tras la modificación del Código Procesal Penal. “Desde el depósito de la acusación hasta hoy han transcurrido solo seis meses y el caso ya va a juicio”, afirmó, al subrayar la mayor agilidad del sistema. 

Aunque el tribunal excluyó la tipificación de terrorismo, mantuvo los cargos de sabotaje y lavado de activos, lo que preserva el peso central de la acusación. “Los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el sabotaje fue retenido”, sostuvo Camacho, al indicar que la discusión jurídica continuará en el juicio. 

El Ministerio Público asegura que la red operó principalmente desde el Intrant, con ramificaciones en otras instituciones, y que incurrió en corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje tecnológico y lavado de activos. 

La investigación, desmantelada tras la Operación Camaleón en 2024, identifica a Jochi Gómez Canaán como eje del entramado, con control directo o indirecto sobre empresas que manejaban sistemas semafóricos, videovigilancia y plataformas tecnológicas sensibles del Estado. 

Con la apertura a juicio, el caso entra ahora en su etapa decisiva, donde el Ministerio Público deberá sostener en estrados una de las acusaciones de corrupción más amplias de los últimos años.