Senador Taveras somete proyecto para regular publicidad estatal

El proyecto establece topes de gasto y prohíbe el uso político de fondos

Santo Domingo. – El bolsillo del contribuyente ya no puede seguir financiando promociones personales de funcionarios con fondos públicos. Bajo esta premisa, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, depositó este miércoles un proyecto de ley que pretende meter en cintura la contratación de publicidad estatal, una de las "cajas chicas" históricas de la política dominicana.

La iniciativa llega en un momento de presión económica donde el Gobierno insiste en la austeridad. Para Taveras, la coherencia debe empezar por regular cómo y en qué se gasta el dinero del Estado en los medios.

"Desde esta curul compartimos la posición del gobierno, pero entendemos que debemos ir más allá y atender un reclamo ciudadano: la eficiencia real del gasto público", señaló el legislador durante su intervención.

Un tope contra la discrecionalidad

El núcleo de la propuesta radica en establecer un límite máximo anual al presupuesto de publicidad en todas las instituciones. Según el senador, la idea es que el próximo ejercicio presupuestario ya refleje una reducción drástica, dejando solo una ventana abierta para situaciones de emergencia o urgencia nacional debidamente justificadas.

Más allá del ahorro, el proyecto busca elevar a rango de ley lo que hoy son simples reglamentos (como el 1-24), dándole una estructura legal sólida que impida que cada administración cambie las reglas a su antojo.

¿Qué se podrá publicar y qué no?

La pieza legislativa es específica: la publicidad oficial deberá ser exclusivamente institucional o de orientación ciudadana. Con esto, se busca eliminar de raíz las prácticas comunes de:

• Promover figuras políticas o intereses particulares.
• Influir en sectores de opinión pública mediante la asignación discrecional de pauta.
• Utilizar recursos del Estado con fines proselitistas.

Hacia una relación sana con los medios

Taveras subrayó que este proyecto no es un ataque a la prensa, sino una oportunidad para sanear la relación entre el Estado y los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales.

Al democratizar la pauta y basarla en criterios técnicos y no en favores políticos, se garantiza una mayor transparencia en el uso del dinero de todos los dominicanos.

Con este paso, el Senado tiene ahora en sus manos la posibilidad de cerrar una brecha de opacidad que ha persistido por décadas en la administración pública.