Tres casos judiciales marcan la agenda penal esta semana

Drogas, tráfico de inmigrantes y abuso de menores sacuden tribunales

SANTO DOMINGO.– En menos de una semana, los tribunales dominicanos dictaron medidas y sentencias en tres casos distintos que, aunque separados entre sí, reflejan un mismo patrón: el peso creciente del crimen organizado, la vulnerabilidad de migrantes y menores, y la respuesta del sistema de justicia ante hechos de alto impacto.

El primero de estos procesos se conoció en la provincia de Pedernales, donde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro hombres acusados de intentar introducir una significativa cantidad de drogas al país. La decisión se produjo tras la solicitud del Ministerio Público, que argumentó riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados.

Los acusados son Luis Alberto Figueroa Ariza, de nacionalidad venezolana, junto a Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Acosta Santana y Manolo Roselló Amador. Según la acusación, dos de ellos fueron interceptados a poco más de 50 millas al suroeste de la isla Beata, transportando más de 1,200 libras de marihuana y 39 kilogramos de cocaína en una embarcación. En un segundo operativo, realizado el mismo día, los otros dos imputados fueron detenidos a unas 79 millas de la costa de Pedernales con más de 100 libras de marihuana y 326 kilogramos de cocaína.

Ambas interdicciones se ejecutaron el pasado 5 de mayo, en acciones coordinadas entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana. El tribunal ordenó que los imputados cumplan la medida en la cárcel pública de Pedernales, mientras avanzan las investigaciones por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Otra decisión relevante se produjo en Santiago, donde el Cuarto Tribunal Colegiado condenó a 10 años de prisión a tres hombres encontrados culpables del tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, entre ellos dos niños. El caso se remonta a enero de 2023, cuando las autoridades interceptaron una yipeta Ford Explorer en el municipio de San José de las Matas.

Los condenados, Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia, alias “Dany”, operaban de forma coordinada. Durante una persecución policial, Valenzuela Ortiz y Santana Rosa fueron detenidos con los inmigrantes ocultos y hacinados dentro del vehículo. Posteriormente, la investigación permitió identificar y arrestar a Familia, señalado como el cabecilla de la red, encargado de cobrar el dinero y coordinar el traslado ilegal.

La tercera decisión judicial se conoció en La Romana, donde una jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de seducción y abuso físico, psicológico y sexual contra una adolescente de 14 años. El imputado, Richard Mercedes, fue arrestado en flagrante delito luego de un llamado al sistema 9-1-1 que alertó sobre una agresión verbal.

El caso tomó un giro adicional cuando el tribunal también ordenó un mes de prisión preventiva contra la madre de la víctima, por descuido grave y complicidad. De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer permitió que su hija conviviera durante más de un año con el imputado, incumpliendo su deber de protección.

Las tres decisiones, aunque corresponden a delitos distintos, dejan un mensaje claro: los tribunales están respondiendo con medidas severas ante hechos que afectan la seguridad, la dignidad humana y el tejido social del país.