Evo Morales explica porque no se presentó a la justicia de Bolivia
Evo Morales solicitó un proceso imparcial y respetuoso del debido proceso tras ausentarse de su juicio por presunta trata de personas en Tarija. El expresidente denuncia una persecución política y advierte sobre nulidades jurídicas debido a la falta de garantías.
El exmandatario boliviano rechaza las acusaciones de trata tras ser declarado en rebeldía
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rompió el silencio tras ser declarado en rebeldía por el Tribunal Departamental de Tarija. El líder indígena, quien no compareció ante la justicia por una causa de supuesto delito de trata de personas, utilizó sus redes sociales para exigir que se respete la Constitución y el derecho procesal, negando que busque impunidad frente a las acusaciones que pesan en su contra.
Morales sostuvo que ningún ciudadano debe ser condenado bajo pruebas que califica como "inventadas" con el fin de lograr su aniquilación moral y política.
La defensa del exmandatario argumenta que avanzar en el juicio sin resolver incidentes pendientes podría invalidar todo lo actuado, abriendo la puerta a denuncias por prevaricato contra los administradores de justicia.
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Según el líder del MAS, el caso es una fabricación orquestada desde la etapa gubernamental de Luis Arce.
El proceso judicial investiga una relación que Morales habría mantenido en 2015 con una menor de 16 años, de la cual habría nacido una hija. Estos hechos habrían ocurrido durante su extenso periodo presidencial, que culminó en 2019 en medio de una fuerte crisis política.
Resistencia política desde la región del Chapare
Actualmente, el exdirigente permanece en el Trópico de Cochabamba, específicamente en la región cocalera de Chapare, donde cuenta con el respaldo y la custodia de sus seguidores.
Esta situación ha impedido que las autoridades ejecuten las citaciones correspondientes, mientras el clima de tensión aumenta en el país andino.
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La controversia legal no solo pone en juego la libertad de Morales, sino que intensifica la fractura dentro del movimiento oficialista, evidenciando una lucha de poder que trasciende los tribunales y se traslada a las calles y redes sociales, donde se debate la legitimidad del debido proceso. Con datos de Europa Press.
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