México y EE. UU. chocan por ofensiva antidrogas

Trump amenaza con actuar contra cárteles y Sheinbaum responde con firmeza

Ciudad de México. – La relación entre México y Estados Unidos volvió a entrar en una zona de alta tensión. Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de actuar unilateralmente contra los cárteles de la droga, sumadas a las recientes acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos, provocaron una dura reacción del Gobierno de Claudia Sheinbaum y reabrieron el debate sobre la soberanía, la seguridad fronteriza y el alcance de la cooperación bilateral.

Un informe de la agencia Xinhua expone que el nuevo episodio de fricción ocurre en un momento especialmente sensible para ambos países. Mientras Washington endurece su discurso contra el narcotráfico y exige resultados más contundentes, México denuncia intentos de injerencia política y rechaza cualquier operación extranjera en su territorio sin autorización oficial.

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Trump elevó el tono esta semana durante una actividad en la Casa Blanca. Allí afirmó que, si México “no hace su trabajo” frente al tráfico de drogas, Estados Unidos actuará directamente, tal como —según dijo— ya lo ha hecho en operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97 por ciento. Ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil”, sostuvo el mandatario republicano. Además, advirtió que podrían surgir “quejas” desde México, aunque insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera insuficiente la respuesta mexicana frente a los cárteles.

Las declaraciones no quedaron únicamente en el terreno político. En las últimas semanas, autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico ilegal de armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza. Durante su conferencia matutina, rechazó cualquier intento de intervención extranjera y defendió la soberanía mexicana como un principio “no negociable”.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en decisiones que solo competen al pueblo de México”, declaró la mandataria, visiblemente molesta por el rumbo que ha tomado la ofensiva judicial estadounidense.

Sheinbaum también cuestionó la solidez de las acusaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según dijo, las imputaciones tienen un trasfondo político y carecen de pruebas claras que sustenten los señalamientos contra los funcionarios mexicanos.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para revisar la documentación enviada por Washington y determinar si existen bases legales suficientes para sustentar las solicitudes de extradición.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, aseguró que la petición estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes” y advirtió que las autoridades mexicanas actuarán conforme a la ley y al respeto de la jurisdicción nacional.

La tensión aumentó aún más tras revelarse la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas realizados en el estado de Chihuahua. El tema salió a la luz luego del accidente ocurrido el pasado 19 de abril, donde murieron dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

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Los funcionarios regresaban de un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos cuando ocurrió el accidente que encendió las alarmas dentro del Gobierno mexicano.

A partir de ese hecho, Sheinbaum insistió en que no puede haber agentes extranjeros operando en territorio mexicano sin acreditación oficial ni autorización del Estado.

“No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio nacional porque eso está en contra de la ley y de la Constitución”, reiteró la presidenta, quien respaldó las investigaciones abiertas por la FGR para determinar si existió algún tipo de intervención irregular.

Del lado estadounidense, el endurecimiento del discurso responde a una estrategia de seguridad más agresiva impulsada por la Casa Blanca. Sebastián Gorka, asesor principal y director de la lucha antiterrorista del Gobierno estadounidense, explicó que la nueva política busca “neutralizar” las amenazas hemisféricas mediante el desmantelamiento de las operaciones de los cárteles.

Según Gorka, el objetivo es impedir que estas organizaciones continúen introduciendo drogas en territorio estadounidense, especialmente fentanilo y metanfetaminas, sustancias que Washington considera una amenaza directa para su seguridad nacional.

Sin embargo, dentro de México las acciones de Estados Unidos han generado fuertes críticas políticas y mediáticas. Diversos sectores consideran que Washington intenta ejercer presión sobre el Gobierno mexicano utilizando el sistema judicial y el discurso de seguridad como herramientas diplomáticas.

En un editorial reciente, el diario mexicano La Jornada sostuvo que las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses “no pueden verse como simples medidas judiciales”, sino como actos de injerencia política acompañados de una amenaza implícita.

En la misma línea, el analista Fernando Martínez González escribió en La Crónica de Hoy que el caso marca el inicio de una doctrina más agresiva por parte de Estados Unidos, basada en la aplicación de justicia extraterritorial cuando considera que existe colusión entre autoridades políticas y el crimen organizado.

Para varios especialistas, el escenario actual podría abrir una etapa aún más compleja en la relación bilateral. Aunque ambos países mantienen una cooperación histórica en materia de seguridad y combate al narcotráfico, las diferencias sobre los límites de esa colaboración son cada vez más visibles.

La preocupación crece porque el conflicto no solo involucra asuntos judiciales o diplomáticos. También toca temas profundamente sensibles para México, como la soberanía nacional y el rechazo histórico a cualquier intervención extranjera.

Mientras tanto, Washington mantiene la presión y México endurece su discurso defensivo. En medio de ese pulso político, la lucha contra el narcotráfico vuelve a convertirse en el principal foco de tensión entre dos gobiernos obligados a cooperar, aunque cada vez más distanciados en la forma de abordar el problema. Texto original: agencia.fapesp.br