España activa regularización masiva de migrantes

Más de 550 trabajadores reforzarán atención en 450 oficinas habilitadas

El Gobierno español ha dado luz verde a un nuevo proceso de regularización extraordinaria de migrantes, una medida de gran alcance que busca ordenar la situación de cientos de miles de personas en condición irregular. La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, entrará en vigor esta semana con un despliegue logístico sin precedentes en todo el país.

El plan contempla la incorporación de más de 550 trabajadores adicionales para atender la demanda en 450 oficinas distribuidas entre dependencias de la Seguridad Social, Correos y Extranjería. El objetivo es garantizar un proceso ágil en un plazo limitado que se extenderá hasta el 30 de junio.

Proceso combina atención digital y presencial

El procedimiento se apoyará en un modelo mixto. Por un lado, las solicitudes podrán realizarse de forma telemática desde el 16 de abril, a través de una plataforma disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por otro, la atención presencial comenzará el 20 de abril, bajo un sistema obligatorio de cita previa gratuita.

Las oficinas habilitadas incluyen 371 sucursales de Correos, 60 centros de la Seguridad Social y al menos cinco oficinas de Extranjería, con horarios que se extenderán incluso a jornadas vespertinas en algunos casos.

El Gobierno ha advertido que no todas las oficinas atenderán en cualquier momento, por lo que insiste en la necesidad de informarse previamente para evitar aglomeraciones y frustraciones en los usuarios.

Impacto económico y social del proceso

Más allá de la dimensión administrativa, la medida tiene implicaciones estructurales. Según datos oficiales, este proceso podría beneficiar a “miles” o incluso “cientos de miles” de migrantes, quienes, de cumplir los requisitos, obtendrán autorización para residir y trabajar en todo el territorio nacional durante un año, con acceso a seguridad social y sistema sanitario.

Entre los requisitos clave figuran: acreditar una estancia mínima de cinco meses continuos en España, no tener antecedentes penales y demostrar arraigo laboral, familiar o situación de vulnerabilidad.

El Gobierno respalda esta decisión con argumentos económicos. Estudios recientes advierten que una reducción del 30 % de la población migrante podría provocar una caída del 22 % del PIB, la desaparición de más de 90,000 bares y una pérdida de hasta 15 millones de habitantes en el largo plazo.

Este será el séptimo proceso de regularización en España, tras los cuales se han integrado cerca de 1.3 millones de personas en décadas anteriores. La nueva iniciativa busca no solo responder a una realidad social, sino también fortalecer el mercado laboral y sostener el crecimiento económico.

En definitiva, el Ejecutivo apuesta por una política que combina gestión administrativa, inclusión social y sostenibilidad económica, en un contexto donde la migración se consolida como un factor clave para el futuro del país. Con datos de Europa Press.