DGM aclara caso de parturienta retenida y descarta deportación

Migración detectó documentos falsos y confirmó paternidad dominicana del bebé

La Dirección General de Migración (DGM) informó que autorizó la permanencia en el país de la joven que recientemente dio a luz en el Hospital Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, después de confirmar que el padre de su hijo es dominicano.

La institución explicó que la retención inicial obedeció a que los documentos de identidad presentados resultaron ser falsos, lo que obligó a activar un proceso de verificación conforme a la legislación migratoria vigente.

La aclaración se produce luego de que el caso generara amplio debate en redes sociales, donde circularon versiones sobre la situación migratoria de la joven parturienta y el tratamiento recibido por parte de las autoridades.

Migración detectó irregularidades en los documentos

De acuerdo con la DGM, la investigación estableció que la cédula presentada por la madre de la joven era falsa y que la Junta Central Electoral (JCE) había confirmado un caso de suplantación de identidad. Como consecuencia, los demás documentos aportados carecían de validez legal, por lo que fue necesario realizar un procedimiento para verificar la identidad del padre del recién nacido.

La institución precisó que la confirmación de la nacionalidad dominicana del progenitor permitió que la joven permaneciera en territorio nacional junto a su hijo, al tratarse de un elemento determinante dentro del análisis realizado por las autoridades competentes.

Hospitalización se extendió por complicaciones médicas

La Dirección General de Migración indicó que la joven permaneció ingresada durante 16 días en el Hospital Doctor Antonio Musa debido a un cuadro de preeclampsia. Añadió que al momento del parto no presentó documentación válida de identificación y que el acta de nacimiento entregada por su madre contenía inconsistencias que motivaron la revisión del caso.

Según explicó la entidad, cada expediente es evaluado de manera individual por un equipo multidisciplinario integrado por investigadores, abogados y psicólogos especializados en asuntos migratorios y protección de menores.

Participan varias instituciones en la evaluación

La DGM señaló que este equipo trabaja con el apoyo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el departamento de investigaciones de la Junta Central Electoral, la unidad especializada contra la trata y tráfico de personas de la Procuraduría General de la República, así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La institución sostuvo que todas las actuaciones desarrolladas en este caso se realizaron conforme a la Constitución, la Ley General de Migración 285-04 y el principio de protección del núcleo familiar.

Protocolo para parturientas en situación migratoria irregular

La Dirección General de Migración explicó que las parturientas en condición migratoria irregular solo son trasladadas a los Centros de Procesamiento Migratorio (CPM) una vez concluyen su período de hospitalización: 72 horas después de un parto normal y siete días en caso de cesárea, siempre que tanto la madre como el bebé se encuentren fuera de peligro.

Al llegar al CPM de Haina, otro equipo médico realiza una nueva evaluación clínica y da seguimiento a cada caso. La institución afirmó que las madres y sus hijos permanecen allí por un período no mayor de 24 horas, en instalaciones equipadas con aire acondicionado, vigilancia permanente, atención médica continua y un kit de alimentación e higiene que incluye leche, compotas y otros insumos esenciales.

Asimismo, indicó que las repatriaciones se realizan en autobuses acondicionados para ese propósito y que las parturientas reciben una canastilla para el recién nacido, adquirida por la institución o donada en algunos casos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Dirección General de Migración reiteró que sus actuaciones se desarrollan con apego al debido proceso, la legislación migratoria dominicana y los principios de justicia y humanidad. El caso de la joven de San Pedro de Macorís quedó resuelto tras verificarse la nacionalidad dominicana del padre del menor, lo que permitió preservar la unidad familiar dentro del marco legal vigente.