ONU: El poder de los oligarcas tecnológicos supera al de los Estados

La organización advierte sobre la erosión de la libertad de expresión a escala global

Un pequeño grupo de gigantes tecnológicos y multimillonarios ha concentrado un poder que supera al de los Estados, controlando los espacios digitales globales sin rendir cuentas democráticas y poniendo en peligro la libertad de expresión a nivel mundial. Así lo advirtió un contundente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el cual denuncia la alarmante alineación de intereses corporativos y geopolíticos.

El documento revela que las decisiones de moderación de contenidos y algoritmos de estas plataformas, tomadas sin control institucional, determinan actualmente qué información es visible, impactando de forma directa en la supervivencia de las democracias y la seguridad informativa de los ciudadanos.

​La relatora especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, afirmó que miles de millones de personas se comunican y acceden a información mediante plataformas regidas por una élite corporativa radicada principalmente en Estados Unidos. La experta enfatizó que la asimetría de poder altera el entorno informativo global, donde los intereses comerciales pesan más que los derechos fundamentales.

​El peso económico de los gigantes tecnológicos

​El documento expone la magnitud de este fenómeno mediante cifras económicas que evidencian el desplazamiento del poder global. En 2025, los ingresos anuales de Meta superaron el producto interno bruto (PIB) de 130 países, mientras que su base de usuarios mensual alcanza los 3,000 millones de personas. Por su parte, la organización de inteligencia artificial OpenAI reportó ingresos que exceden el PIB de 80 naciones, y su herramienta ChatGPT ya es utilizada por casi 1,000 millones de usuarios cada semana.

​El informe menciona explícitamente a Elon Musk, propietario de la red X, criticando su postura como "defensor absolutista" de la libertad de expresión por rechazar la moderación de contenidos. Asimismo, señala a Mark Zuckerberg, líder de Meta, por aplicar cambios abruptos a inicios de 2025 que relajaron las protecciones contra la incitación al odio y eliminaron el programa de verificación de datos en territorio estadounidense sin realizar consultas públicas ni evaluaciones de impacto ambiental o de derechos humanos.

​Presiones geopolíticas y criminalización

​El análisis dedica un capítulo crítico a la actuación del gobierno de Estados Unidos, acusándolo de promover una noción "absolutista" de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional. Según la investigación, Washington ha utilizado su poder político y comercial para presionar a otros países que intentan regular el sector digital. Entre los ejemplos citados figuran las sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil, interferencias políticas contra la Unión Europea en respuesta a su Ley de Servicios Digitales, y represalias hacia Corea del Sur por regular los monopolios en redes sociales.

​A la par del dominio corporativo, el informe denuncia que diversos Estados recurren a tecnologías avanzadas y reformas legales para restringir el acceso a la información. Se documentaron cortes de internet, vigilancia masiva y el uso de leyes antiterroristas para criminalizar la disidencia. Esto abarca desde normas de financiamiento al terrorismo contra periodistas en Filipinas, hasta la designación como organización terrorista del movimiento Palestine Action en el Reino Unido y la persecución del activismo climático no violento en varias regiones del mundo.

​Próximos pasos hacia la regulación

​Frente a este panorama, las conclusiones de la relatora apuntan a la necesidad urgente de establecer contrapesos institucionales que resistan la captura corporativa del ecosistema digital. El cierre del mandato de la especialista plantea un llamado internacional para construir coaliciones multisectoriales que impulsen regulaciones firmes basadas en los derechos humanos, garantizando que las plataformas rindan cuentas por los daños públicos que ocasionan.

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