JCE asume control de plan nacional para erradicar el subregistro

Más de 15 instituciones renuevan pacto para garantizar identidad infantil

​SANTO DOMINGO. – En un movimiento estratégico para garantizar el derecho a la identidad desde las primeras horas de vida, la Junta Central Electoral (JCE) asumió la coordinación general del esfuerzo nacional para eliminar el subregistro de nacimientos en el país. La medida se formalizó tras la renovación del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional para el Registro de Nacimiento Dentro y Fuera de Plazo, un pacto que une a más de 15 instituciones del Estado y organismos internacionales con una meta clara para la ciudadanía: que ningún niño dominicano salga de un centro de salud sin su documentación legal.

​El traspaso de la coordinación general, que anteriormente manejaba el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), consolida a la entidad electoral como el único órgano rector legítimo del Registro Civil y la identidad en la República Dominicana. Este cambio busca agilizar los procesos burocráticos y optimizar de forma inmediata el funcionamiento de las delegaciones de las Oficialías del Estado Civil que operan dentro de los hospitales públicos y clínicas privadas a nivel nacional.

​El acto oficial, celebrado en el Salón de Las Cariátides del Palacio Nacional, contó con la participación de figuras clave del ámbito político y judicial. La primera dama y presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje, firmó como testigo instrumental del convenio, el cual tendrá una vigencia establecida desde este año hasta el 2030.

​Por parte del órgano electoral, el pacto fue liderado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, acompañado por los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, además de la directora de Registro Civil, Rhina Díaz. En representación del Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y de su titular, José Ignacio Paliza, firmó la viceministra de Desarrollo y Participación Social, María del Pilar Cañas; mientras que por el Consejo del Poder Judicial (PJ) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presididos por Luis Henry Molina, asistió la magistrada Nancy Salcedo.

​El nuevo plan de acción prioriza un impacto directo en la economía familiar de las comunidades más vulnerables mediante el acompañamiento legal gratuito. Para lograrlo, se integraron activamente ministerios y programas asistenciales de alto alcance, entre los que destacan el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y el Ministerio Público (MP).

​Asimismo, se sumaron los esfuerzos del Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), la Dirección de Desarrollo Social Supérate y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta alianza de gran escala se apoya en los avances de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil, una legislación que ya extendió el plazo para declarar los nacimientos de 60 a 180 días y eliminó la costosa traba judicial que obligaba a ratificar las declaraciones tardías en los tribunales ordinarios.

​Como próximo paso, las instituciones firmantes iniciarán la modernización tecnológica y el robustecimiento de la interoperabilidad de datos entre los centros de salud y las 72 delegaciones hospitalarias activas, asegurando una respuesta oportuna frente al riesgo de exclusión social de la infancia dominicana.