Justicia neoyorquina clausura bufete por estafar inquilinos

La Fiscalía General impone severas sanciones económicas y ordena disolución inmediata

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo definitivo para cerrar la Red de Asesoría Legal para Inquilinos (TCN). La investigación oficial demostró que este bufete de abogados abusivo utilizaba tácticas de marketing engañosas para atrapar a ciudadanos vulnerables en acuerdos financieros mensuales, dejándolos desamparados ante procesos de desalojo inminentes.

Tácticas fraudulentas y miles de afectados

La trama delictiva de TCN se basó en una captación masiva y engañosa de clientes que inició en diciembre de 2023. Tras obtener de forma indebida un listado de personas en proceso de desahucio, la empresa envió un total de 35.569 cartas falsamente firmadas por especialistas. Más de 1.100 de estas comunicaciones impresas llevaban la rúbrica de un abogado inexistente.

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Mediante este acoso comercial, que incluía múltiples llamadas telefónicas diarias, el falso bufete logró captar a más de un millar de clientes. El engaño se sostenía en su sitio web corporativo a través de testimonios e identidades totalmente ficticias. 

En la práctica, TCN cobraba cuotas de suscripción recurrentes pero no contaba con abogados especializados en el sector inmobiliario de la ciudad. 

La Fiscalía documentó decenas de casos graves donde los defensores asignados no se presentaron a las audiencias judiciales, agudizando la crisis de vivienda de los afectados.

Millonarias devoluciones y cese de operaciones

Como consecuencia directa de la intervención gubernamental, el tribunal determinó severas penalizaciones financieras y operativas. La firma TCN tiene la obligación legal de disolverse por completo y cesar la representación de sus clientes actuales antes del 31 de julio de 2026, emitiendo avisos formales de cierre con un mínimo de 60 días de anticipación.

En el aspecto económico, los implicados deberán reembolsar exactamente 172.257 dólares a las víctimas identificadas. 

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Algunos damnificados recibirán compensaciones individuales superiores a los 3.000 dólares. Adicionalmente, el bufete abonará 25.000 dólares en multas al estado. 

Por su parte, el socio fundador y presidente de la entidad, Aryeh Weber, recibió una sanción particular de 10.000 dólares en multas y se vio obligado a renunciar de forma definitiva al ejercicio de la abogacía en Nueva York.