Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por caso Sinaloa

Presidenta rechaza acusaciones contra gobernador y defiende soberanía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó el tono frente a Estados Unidos y exigió “pruebas contundentes” luego de que el Departamento de Justicia acusara formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su habitual encuentro con la prensa, la mandataria dejó claro que su gobierno no actuará sobre señalamientos sin sustento legal. “Nosotros no protegemos a nadie, pero tiene que haber pruebas, documentos que demuestren la culpabilidad conforme a nuestra legislación”, afirmó. En ese sentido, cuestionó directamente la motivación detrás de las acusaciones si estas no están debidamente respaldadas.

El caso, que ha generado tensión diplomática, marca un precedente poco común. Según Sheinbaum, nunca antes autoridades estadounidenses habían solicitado acciones judiciales contra un gobernador en funciones en México, lo que añade una dimensión política al conflicto. La presidenta insistió en que cualquier proceso debe seguir los canales institucionales y respetar los acuerdos internacionales.

De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador y otros nueve funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El documento describe una supuesta red de protección que habría facilitado el envío de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían filtrado información confidencial sobre operativos de seguridad, además de ordenar a fuerzas policiales locales resguardar cargamentos ilícitos. A cambio, según la acusación, habrían recibido importantes sumas de dinero y permitido acciones violentas del grupo criminal sin consecuencias legales.

Sin embargo, desde México la reacción ha sido de cautela institucional. Sheinbaum subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República analizar las pruebas y emitir una opinión jurídica antes de cualquier acción. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores sería la encargada de canalizar la respuesta oficial hacia Washington.

La presidenta también criticó la forma en que se hizo pública la acusación. Recordó que, conforme a los tratados internacionales, este tipo de procesos debe manejarse con confidencialidad. “Publican un documento con un relato extenso sin agotar los canales institucionales”, reprochó, dejando entrever incomodidad por lo que considera una exposición innecesaria.

En paralelo, Sheinbaum defendió la soberanía nacional como eje central de su postura. “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero decida el futuro del pueblo de México”, sostuvo, citando el principio constitucional que establece que el poder emana de la ciudadanía.

Por su parte, Rocha Moya rechazó de plano los señalamientos. En un mensaje difundido en redes sociales, calificó las acusaciones como falsas y sin fundamento, y las atribuyó a una “estrategia perversa” que, a su juicio, busca alterar el orden constitucional.

El caso queda ahora en una fase de alta sensibilidad política y jurídica, con implicaciones que podrían ir más allá del ámbito judicial y tocar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno mexicano insiste en una postura clara: sin pruebas, no habrá acción.