Condenan empresario por fraude eléctrico millonario en DN

El imputado deberá pagar catorce millones de pesos tras sustraer energía para negocio

La lucha contra la sustracción ilegal de energía en el país ha marcado un precedente jurídico significativo. El Noveno Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó sentencia condenatoria contra Regino Martín Aza Ovalle, propietario de un establecimiento de expendio de agua potable, tras hallarlo culpable de fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y la empresa Edeeste.

La investigación, liderada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), reveló que el imputado operaba un suministro irregular de alta complejidad. Durante un allanamiento realizado en febrero de 2024 en la calle Respaldo María Montes, las autoridades confirmaron el uso de una línea directa en media tensión de 7,200 voltios, conectada sin autorización para alimentar siete transformadores de distribución.

Policía ofrece detalles del rescate de joven secuestrada en Alma Rosa II

Sanciones económicas y medidas de cumplimiento

La condena impuesta no solo incluye los tres años de prisión, sino también una carga económica devastadora para el procesado. El tribunal ordenó el pago de RD $13,226,649.90 por concepto de energía consumida y no facturada, sumado a un millón de pesos adicionales por daños y perjuicios. En total, el monto asciende a más de 14 millones de pesos, fundamentado en la Ley General de Electricidad 186-07.

Aunque la pena de prisión será bajo la modalidad de suspensión total, Aza Ovalle deberá cumplir estrictas condiciones para mantener su libertad. Entre estas obligaciones figuran residir en un domicilio fijo, evitar el exceso de alcohol, la prohibición del porte de armas y la realización de 50 horas de trabajo comunitario. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos activaría de inmediato su ingreso a un centro de reclusión.

Casa Abierta se pronuncia sobre supuesto suicidio en centro evangelico

Firme mensaje contra los delitos energéticos

Desde la PGASE, las procuradoras Carmen Díaz Amézquita, Ruth Rodríguez y Martha Rodríguez enfatizaron que esta decisión judicial es una advertencia para quienes intentan vulnerar el sistema eléctrico nacional. El uso de equipos de alta potencia, como los siete transformadores detectados en este caso, representa un riesgo técnico y una pérdida económica masiva para el sector.

Este fallo subraya la gravedad de violar los artículos 125 y 125-2 de la normativa vigente. Las autoridades reiteraron su compromiso de aplicar el rigor de la ley para desmantelar estructuras de fraude que afectan la estabilidad del suministro y la sostenibilidad de las empresas distribuidoras en todo el territorio.