Casa Abierta se pronuncia sobre supuesto suicidio en centro evangelico

Denuncian abusos sistemáticos en supuestos centros cristianos ilegales de rehabilitación compulsiva

La muerte de Kelvin Alexander Mateo, un joven de 24 años ingresado de manera forzosa en la fundación evangélica “Ejército de Dios: Rescatando al caído”, ha generado cuestionamientos sobre la supervisión estatal y el funcionamiento de centros privados de rehabilitación en República Dominicana.

De acuerdo con denuncias realizadas por Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta, el joven habría permanecido recluido contra su voluntad y había pedido a su madre que lo sacara del lugar antes de fallecer en circunstancias reportadas como un supuesto suicidio.

“El joven había rogado a su madre que lo sacara de ese lugar. Pero, ella no atendió esta súplica. Le creyó más al supuesto pastor que regentea el lugar. Tenía la esperanza puesta en su recuperación. Ignoraba que en realidad su hijo estaba secuestrado y ella era solo una fuente de recursos para este falso programa de tratamiento”.

El caso ha provocado preocupación entre especialistas y defensores de derechos humanos, quienes aseguran que existen establecimientos que operan bajo discursos religiosos y promesas de recuperación, pero que en realidad funcionan al margen de controles oficiales.

Casa Abierta denuncia la "abulia" estatal frente al consumo de drogas

Denuncian negocios basados en desesperación

Según el documento difundido por el psicólogo, muchas familias terminan recurriendo a estos lugares debido a la desesperación, el miedo y el estigma social asociados al consumo de drogas.

El texto sostiene que algunos de estos centros realizan internamientos compulsivos, donde personas son trasladadas por la fuerza, incluso esposadas, mientras las acciones son difundidas en redes sociales como supuestos “rescates”.

Además, denuncia que detrás de estos procedimientos existirían acuerdos económicos que convierten el drama de las adicciones en un negocio altamente rentable. Las principales víctimas, señala, son madres y familiares que buscan alternativas ante la falta de respuestas efectivas del sistema público de salud.

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Autoridades enfrentan fuertes cuestionamientos públicos

La situación también ha puesto bajo presión a varias instituciones estatales. Entre ellas figuran el Ministerio de Salud Pública, responsable de habilitar centros de atención; la Procuraduría General de la República, encargada de perseguir posibles violaciones legales; y el Consejo Nacional de Drogas.

Los críticos afirman que las autoridades no han actuado con suficiente firmeza para detener prácticas que consideran ilegales y peligrosas. El documento compara este modelo con los llamados “anexos” surgidos en México, señalados durante años por denuncias de abusos, torturas y muertes.

Casa Abierta sostiene que la expansión de estos centros refleja la ausencia de una política pública enfocada en la salud, los derechos humanos y la atención integral de las personas con trastornos por uso de sustancias.

El pronunciamiento también cuestiona el enfoque tradicional de “guerra contra las drogas”, asegurando que las políticas dominicanas continúan centradas principalmente en la persecución del tráfico y consumo, dejando de lado estrategias de prevención, tratamiento y reinserción social.