Informe internacional vincula casos RD con violaciones de derechos humanos

La corrupción regional expone abusos en la Central Punta Catalina y el conflicto en Los Tres Brazos.

La corrupción en América Latina vuelve a colocarse bajo el escrutinio internacional, esta vez con un enfoque que trasciende lo económico para situarse en el terreno de los derechos humanos. Un reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) identifica casos emblemáticos en la región, destacando a República Dominicana con dos situaciones que reflejan el impacto directo sobre la población: la Central Termoeléctrica Punta Catalina y el conflicto habitacional en Los Tres Brazos.

El documento expone que la construcción de Punta Catalina, vinculada a los sobornos del consorcio Odebrecht, no solo representa un caso de corrupción administrativa, sino también una violación a derechos fundamentales como el acceso a un medioambiente sano, aire limpio y salud, afectando especialmente a sectores vulnerables como la infancia.

En paralelo, el caso de Los Tres Brazos evidencia un modelo de corrupción con consecuencias sociales devastadoras. La venta irregular de terrenos ocupados provocó el desalojo de aproximadamente 60 mil personas en Santo Domingo, consolidándose como uno de los episodios más críticos de despojo urbano en el país.

Ambos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a situaciones similares en Venezuela, Guatemala, Brasil y Colombia, donde la corrupción ha generado efectos tangibles en comunidades enteras.

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Corrupción regional con víctimas directas

El informe subraya que la corrupción en la región no es un fenómeno aislado, sino un sistema que involucra redes de poder político, económico y criminal. En países como Venezuela, se documentan desvíos de fondos destinados a programas sociales, mientras que en Guatemala se señalan irregularidades en contratos de vacunas y debilitamiento institucional.

En Colombia, el caso de la Ruta del Sol II afectó a más de 20 mil familias, mientras que en Brasil la trama de sobornos de Odebrecht y la anulación de pruebas judiciales han obstaculizado procesos de justicia. En todos estos escenarios, la constante es la misma: la corrupción genera víctimas concretas y profundiza las desigualdades.

El informe advierte que este fenómeno se ha vuelto sistemático, impulsado tanto por el crimen organizado como por élites que buscan perpetuarse en el poder mediante prácticas ilícitas. Esta dinámica impacta directamente en el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, incrementando los costos y limitando oportunidades para los sectores más desfavorecidos.

En el caso dominicano, organizaciones como INSAPROMA, CNDH-RD y el CNLCC han reiterado su demanda a la Procuraduría General de la República para que se inicie una persecución penal contra Odebrecht por los actos cometidos en Punta Catalina. 

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Denuncian que, pese a informes que señalan sobrevaluaciones millonarias y gastos sin sustento, aún no se han abierto investigaciones formales.

La presión también incluye una querella respaldada por unos 500 ciudadanos, que exigen respuestas ante los daños ambientales y económicos generados.

El informe de la FIDH concluye con una advertencia contundente: la corrupción no solo debilita las economías, sino que erosiona derechos fundamentales, consolidando un modelo de exclusión que continúa afectando a millones en América Latina.