Condenan a 10 años a exfuncionario penitenciario por estafa

Simuló compras estatales para engañar suplidores y lucrarse

Santo Domingo. — Un tribunal del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión a un ex empleado del sistema penitenciario hallado culpable de estafar a múltiples suplidores mediante la simulación de compras institucionales, en un esquema que utilizó el nombre de entidades estatales para generar confianza.

La sentencia recayó sobre Antonio Beato Dionicio, quien se desempeñaba como encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). El Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años.

El fallo fue emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, tras acoger las pruebas presentadas por el órgano acusador.

De acuerdo con el expediente, Beato Dionicio aprovechó su posición para contactar a empresas suplidoras, haciéndoles creer que estaban contratando con la Procuraduría General de la República. Bajo ese engaño, logró obtener productos alimenticios que posteriormente revendía a comerciantes en San Cristóbal, generando beneficios económicos ilícitos.

El fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró la decisión como un precedente relevante en la lucha contra la corrupción administrativa. A su juicio, la condena envía un mensaje claro a los servidores públicos sobre las consecuencias de utilizar sus funciones para fines personales.

El caso también evidenció el uso de documentación falsa para sostener el esquema fraudulento. Según la acusación, el imputado elaboró y utilizó papelería adulterada de instituciones públicas para dar apariencia de legalidad a las transacciones.

La investigación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, estuvo respaldada por un amplio conjunto probatorio que incluyó decenas de documentos, testimonios, evidencias materiales y peritajes técnicos.

El expediente acusatorio fue depositado en noviembre de 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, quienes lograron sustentar la responsabilidad penal del acusado en el juicio.

Actualmente, el condenado cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Desde el Ministerio Público se insistió en que este tipo de decisiones fortalece la persecución de delitos contra la administración pública y contribuye a reducir los niveles de impunidad. El caso, además, pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los procesos de contratación y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones estatales.