Dominicano condenado a diez años en Burgos por abuso sexual 

La Audiencia dicta sentencia contra un hombre que violó a la hija de su exexposa.

La justicia en Burgos ha puesto punto final a un caso que ha estremecido a la comunidad local por la vulnerabilidad de la víctima y la cercanía del agresor. La Audiencia Provincial ha condenado a un hombre de 39 años, de nacionalidad dominicana, a la pena de diez años y un día de cárcel. 

Los magistrados lo consideran autor responsable de un delito de abuso sexual con penetración cometido contra la hija de su expareja, una niña que, al momento de los hechos, apenas tenía ocho años.

El tribunal fue claro en su razonamiento: el condenado utilizó su posición de "superioridad" y confianza. El 19 de marzo de 2022, el hombre quedó al cuidado de la menor y de su propio hijo en el domicilio familiar de la capital burgalesa. Aprovechando esa soledad, trasladó a la niña a una habitación y cometió los actos sexuales que ahora le valen una década tras las rejas.

Un mensaje de WhatsApp como prueba clave

Uno de los puntos más determinantes del juicio fue el análisis de las conversaciones de WhatsApp entre el acusado y la madre de la niña tras la denuncia. En un intento de defensa que los jueces calificaron de poco creíble, el hombre alegó que sus peticiones de perdón en el chat se referían a supuestas infidelidades.

Sin embargo, la Sala rechazó esta versión de plano. En los mensajes, el agresor afirmaba que era "algo que me domina". Para el tribunal, estas disculpas no tenían sentido en el contexto de una relación que ya estaba rota, sino que eran una admisión tácita de la atrocidad cometida. 

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Además, los magistrados destacaron la "valentía y sinceridad" del testimonio de la menor, el cual fue el eje central para desarticular la presunción de inocencia del procesado, quien no tenía antecedentes penales previos.

La sombra de la impunidad y la crítica a la madre

El caso dejó al descubierto una realidad dolorosa: la niña ya había intentado alertar sobre tocamientos cuando tenía cinco y seis años. No obstante, esos episodios anteriores no pudieron ser juzgados como hechos probados por la falta de una investigación judicial en su momento.

En este punto, la sentencia no escatima en críticas hacia la actitud inicial de la madre de la víctima. El fallo señala que la mujer, tras reunirse con amigos comunes y el propio agresor en años anteriores, decidió creer que todo era un "malentendido" para no perjudicar a quien entonces era su pareja. Ese silencio, según se desprende de la lógica del tribunal, solo sirvió para prolongar el riesgo sobre la menor.

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Más allá de la cárcel

Además de los diez años de prisión, el condenado enfrentará una serie de medidas que buscan proteger a la víctima y a la sociedad a largo plazo:

• Libertad vigilada: Por un periodo de diez años tras cumplir la condena principal.
• Alejamiento: Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante trece años.
• Inhabilitación: No podrá trabajar en ninguna profesión que implique contacto con menores por diecisiete años.
• Indemnización: Deberá pagar 12.000 euros a la menor por daño moral.

Aunque la defensa intentó alegar indefensión por el manejo del peritaje de los teléfonos móviles, el tribunal desestimó las quejas, recordando que la propia defensa renunció a esas pruebas durante el juicio oral. 

La sentencia es un recordatorio crudo de la necesidad de escuchar a los niños a la primera señal, antes de que el daño sea irreparable.