A juicio de fondo los responsables de estafa por RD$124 millones

Casi 200 víctimas cayeron en el esquema de Pipschasers Capital.

SANTO DOMINGO.-Lo que para casi doscientas familias comenzó como una oportunidad de oro para hacer crecer sus ahorros, terminó convirtiéndose en un laberinto judicial que hoy da un paso decisivo. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió enviar a juicio a Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, señalados como los cerebros detrás de una estafa que supera los 124 millones de pesos.

El esquema no era precisamente nuevo, pero sí lo suficientemente elaborado para engañar a 192 personas. Según la acusación del Ministerio Público, los imputados utilizaban la empresa Pipschasers Capital, S.R.L. como una fachada profesional. 

Bajo esta estructura, se presentaban ante potenciales clientes como expertos corredores de bolsa y representantes de fondos de inversión, prometiendo rentabilidades que, sobre el papel, parecían el negocio de su vida, pero que en la práctica eran un callejón sin salida.

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Un esquema diseñado para el engaño

La jueza Yanibet Rivas tomó la decisión tras evaluar las pruebas presentadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. Los detalles del expediente son reveladores: los contratos que firmaban las víctimas eran trampas legales que omitían información básica sobre dónde terminaba realmente el dinero. No había inversiones reales ni movimientos en el mercado de valores que respaldaran las promesas.

En lugar de eso, el Ministerio Público detectó un patrón de comportamiento típico de los delitos de cuello blanco: un complejo sistema de transferencias bancarias entre cuentas personales de los acusados. El objetivo era claro: borrar el rastro del dinero y desviar los fondos de los ahorrantes para gastos personales, lejos de cualquier actividad financiera legítima.

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Cargos que pesan en el tribunal

La situación legal de Cáceres Araujo y Cabral Romero es sumamente delicada. No solo enfrentan cargos por estafa agravada y abuso de confianza, sino que la fiscalía ha incluido delitos mucho más pesados como lavado de activos, asociación de malhechores y la violación a la Ley del Mercado de Valores por operar sin las autorizaciones correspondientes.

Este caso pone de relieve, una vez más, la vulnerabilidad de muchos ciudadanos ante ofertas de inversión que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Las autoridades han insistido en que este proceso será ventilado con todo el rigor para intentar hacer justicia a las víctimas, muchas de las cuales entregaron el patrimonio de toda una vida a la supuesta solvencia de Pipschasers Capital.

El sistema de justicia tiene ahora el reto de determinar la culpabilidad de los procesados en un escenario donde 192 dominicanos esperan recuperar, al menos, una parte de lo perdido.