Tribunal mantiene retenidas evidencias clave en caso de red de sobornos

Jueza rechaza devolver bienes vinculados a investigación por presunta corrupción y lavado de activos

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de devolución de bienes presentada por uno de los imputados en el caso de la presunta red de sobornos integrada por militares y un civil, al considerar que esos objetos podrían ser objeto de decomiso una vez concluya el proceso judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, acogiendo los argumentos del Ministerio Público durante una audiencia en la que la fiscal litigante Rosa María Pichardo sostuvo que los efectos retenidos mediante allanamiento constituyen elementos de interés para el desarrollo de la investigación.

Según explicó la representante del órgano acusador, el tribunal rechazó el recurso presentado por Bolívar Nicolás Fernández Espinal debido a que los bienes reclamados podrían formar parte de un eventual decomiso, por lo que no correspondía ordenar su devolución en esta etapa del proceso.

No obstante, Pichardo aclaró que el Ministerio Público no objetó la entrega de aquellos artículos incautados que carecen de relevancia probatoria para el expediente, autorización que fue concedida por el tribunal.

Fernández Espinal figura entre los procesados por integrar una estructura que, según la acusación, operaba mediante el cobro de sobornos para favorecer contrataciones públicas, afectando instituciones estatales como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

En el expediente también están imputados el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

El Ministerio Público les atribuye los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, en violación de diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, la Constitución de la República y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Con esta decisión, el tribunal mantiene bajo custodia las evidencias que el Ministerio Público considera esenciales para sustentar la acusación durante las siguientes fases del proceso penal.