Contratistas piden al Congreso citar a Magín Díaz por retraso en Ley 16-26

Comité Institucional Codiano reclama explicaciones sobre la demora en aplicar la ley que permitirá saldar deudas con contratistas del Estado.

Santo Domingo. La demora en la puesta en marcha de la Ley 16-26, aprobada para establecer el mecanismo que permita reconocer y pagar deudas pendientes con contratistas de obras públicas, llevó al Comité Institucional Codiano (CIC) a solicitar formalmente al Congreso Nacional que cite al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para explicar las razones del retraso.

La petición fue depositada este miércoles tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Samuel Peña y Miguel Liberato.

De acuerdo con el CIC, han transcurrido más de dos meses desde la promulgación de la legislación sin que el Gobierno haya anunciado oficialmente la integración de la comisión ejecutora, organismo que deberá validar los expedientes y coordinar la aplicación de la norma.

La organización sostiene que esa situación mantiene paralizado el proceso y prolonga la incertidumbre de decenas de contratistas que esperan desde hace años el reconocimiento de acreencias por trabajos realizados para el Estado.

"El país merece una explicación. Los contratistas merecen una explicación. El Congreso, que aprobó esta ley, también merece conocer qué ha impedido que se active el mecanismo creado para hacerla realidad", expresó el Comité Institucional Codiano en un comunicado.

Los representantes del sector consideran que una comparecencia del ministro Magín Díaz ante la Comisión Permanente de Hacienda permitiría aclarar el estado de implementación de la Ley 16-26, informar cuándo será instalada la comisión ejecutora y presentar un cronograma oficial para iniciar los trabajos.

Asimismo, recordaron que la conformación de esa comisión constituye el primer paso para validar, depurar y reconocer los expedientes que servirán de base para el pago de las obligaciones pendientes.

Agotaron las vías institucionales

El Comité Institucional Codiano afirmó que antes de acudir al Congreso intentó obtener respuestas por la vía administrativa. Según explicó, el pasado 1 de junio remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Economía solicitando información sobre la puesta en funcionamiento de la comisión ejecutora.

Al no recibir respuesta, tres semanas después presentó una intimación formal y posteriormente acudió al Defensor del Pueblo, además de apoderar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que evaluara el caso desde la perspectiva de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

"Nuestro interés no es generar confrontación política, sino procurar transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento efectivo de una ley que ya está vigente", sostuvo la entidad.

Finalmente, el CIC exhortó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados a acoger la solicitud y disponer la comparecencia del ministro Magín Díaz ante la Comisión Permanente de Hacienda.

A juicio de los contratistas, el Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar la ejecución de una legislación aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, especialmente cuando su aplicación representa una solución esperada durante décadas por cientos de proveedores y constructores que reclaman el pago de compromisos asumidos por el Estado.