Juristas alertan que nuevo Código Penal amenaza la libertad de prensa

Advierten que la Ley 74-25 contempla sanciones qué afectarían a periodistas y medios

SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal Dominicano podría convertirse en la mayor amenaza para la libertad de prensa y de expresión registrada en el país desde el fin de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, según advirtieron los juristas Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa y César Amadeo Peralta durante un conversatorio organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

Los especialistas sostuvieron que la Ley 74-25 incorpora disposiciones que, de entrar en vigor el próximo 3 de agosto, tendrían un impacto directo sobre periodistas, comunicadores, propietarios de medios y ciudadanos que difundan contenidos a través de cualquier plataforma de comunicación.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del CDP, los abogados coincidieron en que el texto legal contiene al menos diez artículos que afectan de manera específica el ejercicio del periodismo, además de otras disposiciones que inciden sobre el derecho de los ciudadanos a informar y expresarse libremente.

Advierten sobre cierre de medios y sanciones patrimoniales

Entre las principales preocupaciones expuestas figura la posibilidad de que la legislación permita el cierre de programas y medios de comunicación, el decomiso de equipos utilizados para difundir información, la no renovación de licencias, la incautación de bienes para responder por indemnizaciones civiles y, en determinados casos, la prohibición permanente del ejercicio profesional.

Los juristas también cuestionaron la figura de la denominada “difamación extorsiva”, tipificada con penas de entre cinco y diez años de prisión, así como la incorporación del cúmulo de penas y sanciones complementarias, que, según explicaron, podrían derivar en condenas de hasta 60 años de prisión.

Cuestionan artículos que involucran a periodistas y ciudadanos

Uno de los aspectos más debatidos fue el contenido del artículo 379, que sanciona con penas de hasta 30 años de prisión a quien falsee u oculte información requerida por organismos de seguridad.

Los panelistas sostuvieron que esta disposición podría colocar a periodistas y ciudadanos en la obligación de actuar como informantes de organismos estatales, afectando el ejercicio independiente del periodismo y el manejo de fuentes de información.

Asimismo, expresaron preocupación por otros artículos que, a su juicio, criminalizan conductas relacionadas con la comunicación cotidiana. Señalaron como ejemplo la posibilidad de imponer penas de prisión por utilizar sobrenombres dirigidos a funcionarios públicos, realizar gestos considerados ofensivos o reenviar audios e imágenes a través de plataformas digitales, cuyas sanciones se agravarían si el contenido fuera alterado o tuviera carácter íntimo.

Temor a la censura previa

Al analizar el artículo 310, relativo al ultraje contra funcionarios públicos, los abogados indicaron que la norma contempla penas de prisión y multas calculadas sobre el salario del funcionario afectado, además de establecer que las acciones judiciales serían impulsadas por el propio denunciante.

Julio César de la Rosa consideró que este escenario podría incentivar la censura previa dentro de los medios de comunicación.

A su juicio, el temor a enfrentar procesos penales y elevadas indemnizaciones obligaría a muchos propietarios de medios a restringir la publicación de determinados contenidos para evitar consecuencias legales.

Piden revisar la legislación

Trajano Vidal Potentini afirmó que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que requieren una revisión profunda antes de su entrada en vigencia.

El presidente del Colegio de Abogados sostuvo que el periodismo cumple una función esencial en una sociedad democrática y que su papel consiste en fiscalizar y cuestionar el ejercicio del poder, por lo que consideró necesario preservar las garantías constitucionales que protegen la libertad de prensa.

Por su parte, César Amadeo Peralta enumeró varios artículos que, según su análisis, afectan directamente a periodistas y medios de comunicación, entre ellos los artículos 29, 121, 123, 192, 208, 209, 210, 310, 370 y 379.

El conversatorio fue organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas y reunió a representantes del gremio y del ámbito jurídico para analizar las implicaciones del nuevo Código Penal sobre el ejercicio de la comunicación en República Dominicana. Los participantes coincidieron en que el debate continuará en las próximas semanas, a medida que se acerque la entrada en vigor de la Ley 74-25 y se profundice el análisis de sus efectos sobre las libertades públicas y el derecho a la información.