Coalición de 23 fiscales exige al ICE restablecer informes sobre muertes de detenidos

Denuncian que nueva política reduce la transparencia y la rendición de cuenta

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a 22 fiscales generales estatales, solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revocar una nueva política que elimina las investigaciones y la publicación de informes sobre personas que fallecen poco después de ser liberadas de la custodia migratoria.

La coalición sostiene que la medida reduce la transparencia y limita la rendición de cuentas en momentos en que aumentan las denuncias por las condiciones en los centros de detención.

Advierten sobre menor supervisión de los centros de detención

En una carta dirigida al secretario del DHS, Markwayne Mullin, y al director interino del ICE, David Venturella, la coalición afirma que la nueva disposición representa un cambio significativo respecto a los estándares aplicados hasta ahora. Según los fiscales, dejar de investigar estos fallecimientos debilita los mecanismos de control establecidos para garantizar condiciones dignas y atención médica adecuada a las personas bajo custodia migratoria.

Letitia James calificó la medida como un intento de reducir la vigilancia pública sobre el funcionamiento de los centros de detención. La funcionaria sostuvo que el ICE tiene la obligación de asegurar atención médica básica, instalaciones seguras y un trato humano para todas las personas bajo su custodia, y advirtió que eliminar estos informes limita la capacidad de exigir responsabilidades.

Cambios en los procedimientos de investigación

La coalición recuerda que el Congreso de Estados Unidos exige al ICE investigar e informar las muertes ocurridas durante la detención. Además, hasta hace poco los directores de la agencia podían ordenar revisiones de casos en los que una persona fallecía dentro de los 30 días posteriores a su liberación, investigaciones que permitían identificar posibles fallas en la atención recibida durante la custodia.

Los fiscales consideran que eliminar ese procedimiento reduce la responsabilidad del gobierno federal respecto a las condiciones de los centros de detención y podría afectar la protección de los derechos de los migrantes.

Temor a incentivos para evitar investigaciones

En la comunicación enviada a las autoridades federales, la coalición advierte que la eliminación de estos requisitos podría generar un incentivo para liberar a personas gravemente enfermas o que hayan sufrido malos tratos poco antes de su fallecimiento, evitando así el escrutinio que implica una muerte ocurrida oficialmente bajo custodia del ICE.

Los fiscales sostienen que esta decisión forma parte de un patrón orientado a disminuir la supervisión sobre los centros de detención, mientras continúan creciendo las denuncias relacionadas con la atención médica y las condiciones de alojamiento.

Cifras que preocupan a la coalición

De acuerdo con los fiscales generales, desde enero de 2025 se han registrado 51 muertes de personas bajo custodia del ICE. Entre los casos citados figura el de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, quien falleció a causa de un choque séptico provocado por un absceso que, según la carta, no recibió tratamiento oportuno pese a las solicitudes de atención médica.

La coalición también señala que más de la mitad de esos fallecimientos se concentraron en nueve de los más de 220 centros de detención activos en el país y que la propia Oficina de Supervisión de Detención del ICE identificó deficiencias en la atención médica en cinco de esas instalaciones.

Llamado a restablecer la transparencia

Además de Nueva York, la iniciativa cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

La coalición concluye solicitando al ICE restablecer los mecanismos anteriores de investigación y publicación de informes, al considerar que la transparencia y la supervisión son esenciales para garantizar un trato digno, humano y respetuoso a las personas bajo custodia migratoria y preservar la confianza pública en las instituciones.