AIRD cuestiona cambios a Ley de Residuos Sólidos aprobados por Senado

Industriales advierten falta de consulta y respaldo técnico en reforma legal

Santo Domingo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó este jueves su preocupación por la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada recientemente por el Senado de la República, al considerar que la iniciativa avanzó sin el debido proceso de consulta con los sectores involucrados.

La organización empresarial cuestionó especialmente que durante la discusión legislativa no fueran convocadas instituciones clave para la aplicación de la normativa, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso DO Sostenible, organismos que tienen responsabilidades directas en la implementación de la ley.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, afirmó que el proyecto aprobado no fue producto de un proceso participativo ni de un diálogo amplio con los actores impactados.

“El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se acostumbra en iniciativas de esta relevancia”, sostuvo el dirigente empresarial.

Industria respalda gestión de residuos, pero pide sustento técnico

La AIRD reiteró su respaldo a las políticas orientadas a mejorar la gestión de residuos sólidos en el país y reconoció la necesidad de disponer de recursos económicos para alcanzar los objetivos ambientales establecidos por la legislación.

Sin embargo, el gremio manifestó su desacuerdo con la creación o ampliación de contribuciones especiales sin que existan estudios técnicos o análisis de impacto regulatorio que justifiquen los incrementos contemplados en la propuesta legislativa.

Pujols señaló que la preocupación no se limita al contenido de la reforma, sino también a la velocidad con que fue conocida y aprobada en la cámara alta.

Debate continuará en la Cámara de Diputados

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde la AIRD anunció que presentará sus observaciones ante las comisiones correspondientes.

La organización aseguró que aportará información técnica con el objetivo de contribuir a una legislación que permita alcanzar resultados efectivos en materia ambiental y de manejo de residuos.

Financiamiento municipal no debe recaer sobre ley ambiental

En otro aspecto de su declaración, la AIRD reconoció las dificultades financieras que enfrentan los gobiernos locales, pero advirtió que la Ley de Residuos Sólidos no debe convertirse en un mecanismo para resolver problemas estructurales de financiamiento municipal.

Según explicó Pujols, la legislación vigente establece que los ayuntamientos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para cumplir sus funciones. A su juicio, cualquier insuficiencia en esas transferencias debe corregirse mediante los mecanismos presupuestarios correspondientes y no mediante cargas adicionales dentro de una normativa ambiental.

El debate sobre la reforma de la Ley 225-20 continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde distintos sectores esperan que la discusión incorpore análisis técnicos y consultas más amplias antes de una decisión definitiva.