Prisión preventiva a cabecillas de red de estafas internacional 

Tribunal de Santiago acoge pruebas y declara el caso complejo 

SANTIAGO. La investigación destapó una maquinaria bien aceitada de fraude y amenazas. Este viernes, una jueza de Santiago decidió enviar a prisión preventiva por un año a los señalados como cabecillas de una estructura criminal que operaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. La decisión llega tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, que logró sustentar la gravedad y alcance del caso. 

El proceso, además, fue declarado de tramitación compleja. No es un detalle menor: habla del volumen de pruebas, del número de implicados y de la dimensión de las operaciones que, según las autoridades, no se limitaban a un puñado de llamadas engañosas, sino a una organización con roles definidos y métodos sostenidos en el tiempo. 

De acuerdo con el expediente, la red tenía base en el municipio de Jacagua, en Santiago. Desde allí coordinaban acciones dirigidas a captar víctimas, en su mayoría en territorio estadounidense. Al menos 18 personas han sido identificadas hasta el momento, aunque los investigadores no descartan que la cifra sea mayor. 

El esquema, según el Ministerio Público, seguía un guion claro. Primero, anuncios publicitarios que atraían a posibles víctimas. Luego, el contacto directo y, finalmente, la presión: amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para reforzar el miedo, los implicados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”. 

No se trataba solo de palabras. Las víctimas recibían imágenes violentas y mensajes intimidantes como parte de la estrategia para quebrar resistencias. El objetivo era uno: lograr transferencias de dinero. 

Una vez obtenidos los fondos, la organización ponía en marcha otro engranaje: el movimiento y ocultamiento del dinero. Las autoridades describen un uso diversificado de mecanismos, desde criptomonedas como Bitcoin hasta transferencias electrónicas, depósitos en remesadoras y lo que se conoce como transferencias espejo, todo orientado a dificultar el rastreo. 

Las pruebas reunidas incluyen testimonios, análisis periciales y documentación que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, lavado de activos, extorsión, chantaje y otros cargos graves. Incluso, el expediente menciona la presunta vinculación con distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego, lo que amplía el perfil del grupo más allá del fraude digital. 

Los principales acusados —Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena— deberán cumplir la medida de coerción mientras avanzan las investigaciones. 

En contraste, otros implicados recibieron medidas menos severas: garantía económica de 800 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Entre ellos figuran Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario. 

La decisión judicial se produce tras la Operación XL526, ejecutada a principios de junio, que incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Participaron 35 fiscales, junto a equipos especializados de la Policía Nacional, organismos de investigación de delitos transnacionales y agencias de cooperación internacional. 

El Ministerio Público insiste en que aún queda camino por recorrer. La complejidad del caso exige tiempo para profundizar en las ramificaciones del grupo, identificar más víctimas y rastrear el destino final del dinero. 

Por ahora, la señal es clara: las autoridades buscan cerrar el cerco sobre estructuras que, aprovechando la tecnología y el dominio del idioma inglés, operan desde el país con alcance internacional.