Madre de Esperancita y organizaciones llevan al TC desafío contra el Código Penal

Madre de Esperancita y organizaciones impugnan artículos del nuevo Código Penal

Santo Domingo.– A casi 14 años de la muerte de Rosaura Almonte, conocida como “Esperancita”, su madre volvió a colocar el tema de las tres causales en el centro del debate nacional. Junto a organizaciones de la sociedad civil, presentó ante el Tribunal Constitucional una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal que mantienen la penalización absoluta de la interrupción del embarazo.

La acción fue interpuesta por Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa Herminia Hernández, madre de la adolescente fallecida en 2012 mientras padecía leucemia y cursaba un embarazo. Las accionantes solicitan que se declaren inconstitucionales disposiciones contenidas en la Ley 74-25, específicamente los artículos 106, 107, 108, 110 y 111.

Según el documento sometido, esas disposiciones mantienen restricciones que, a juicio de las organizaciones, ponen en riesgo la vida, la salud y la dignidad de mujeres, adolescentes y niñas en circunstancias extremas. La audiencia del caso está prevista para el próximo 17 de junio ante el Tribunal Constitucional.

Rosa Herminia Hernández afirmó que la experiencia vivida con su hija la motivó a sumarse a la iniciativa judicial. “Nunca más otra madre debería pasar por este sufrimiento”, expresó al recordar el caso que convirtió a Esperancita en un símbolo de la discusión sobre los derechos reproductivos en República Dominicana.

La demanda sostiene que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo entra en conflicto con varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, la dignidad y la igualdad. Asimismo, argumenta que la protección de la vida prenatal debe interpretarse de manera armónica con los derechos de la mujer embarazada.

Las accionantes cuestionan además el artículo 111 del nuevo Código Penal, al considerar que genera incertidumbre jurídica para el personal médico. Aseguran que el temor a posibles sanciones penales puede retrasar decisiones clínicas urgentes y comprometer la atención oportuna de pacientes en situaciones críticas. También objetan el artículo 110, alegando que podría abrir espacio a intervenciones sin el consentimiento de la mujer.

Como parte de los argumentos presentados, la acción cita estadísticas sobre embarazos en niñas y procesos judiciales relacionados con abortos. El documento indica que durante 2024 unas 585 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, mientras que entre 2017 y 2022 fueron procesados 62 casos de aborto y 16 de tentativa, según datos atribuidos a la Procuraduría General de la República.

La iniciativa también menciona varios casos de mujeres fallecidas durante embarazos considerados de alto riesgo, entre ellos los de Adilka Feliz, Carmen Dionelys Martínez Bonilla y Winifer Núñez Beato, como ejemplos de las consecuencias que, según las organizaciones, puede generar la ausencia de excepciones legales.

Desde una perspectiva religiosa, representantes de Alianza Cristiana Dominicana defendieron que la inclusión de excepciones en la legislación es compatible con los principios de protección de la vida y la dignidad humana.

En su petitorio, las accionantes solicitan al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad parcial de los artículos impugnados y establecer una interpretación que permita la interrupción del embarazo en tres circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer estén en peligro, cuando exista inviabilidad fetal y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto.

La decisión que adopte el alto tribunal podría convertirse en uno de los fallos más trascendentes de los últimos años en materia de derechos fundamentales y salud reproductiva en República Dominicana.