Juez envía a juicio a los hermanos Espaillat por la tragedia de Jet Set

Mantienen fianza de RD 50 millones y ordenan embargos por RD 500 millones.

Santo Domingo.- El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la emblemática discoteca Jet Set, por el trágico desplome del techo del establecimiento que dejó un saldo de víctimas fatales. El magistrado decidió mantener la calificación jurídica de homicidio involuntario, un fallo clave que marca el rumbo del proceso penal y define el nivel de responsabilidad que enfrentarán los empresarios ante los tribunales.

Medidas cautelares y millonarios embargos

Aunque el Ministerio Público y los querellantes solicitaban prisión preventiva, el magistrado Mejía rechazó variar la situación de libertad de los imputados. En su lugar, ratificó las medidas de coerción vigentes, que incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica obligatoria.

El tribunal no solo validó el proceso penal, sino que también blindó el aspecto civil y resarcitorio del caso. El juez ratificó las órdenes de inmovilización y secuestro de bienes que ya pesaban sobre los hermanos Espaillat.

Además, acogió la solicitud de medidas conservatorias y ordenó embargos retentivos e inscripciones de hipotecas judiciales sobre inmuebles, activos y valores de los acusados por un monto de 500 millones de pesos, cifra que equivale al duplo de la suma principal estimada para responder por los daños ocasionados.

Terceros civilmente demandados

El dictamen judicial también extiende el alcance económico del proceso al admitir formalmente a varias empresas y personas como terceros civilmente demandados. Entre las entidades incluidas figuran:

• Inversiones E y L, S. R. L.
• Difusora Hemisferio, S. R. L.
• Radio Cadena Comercial, S. R. L.
• Eveline Espaillat
• Ana Grecia López

Con esta decisión, el tribunal deja el escenario listo para que un tribunal de fondo evalúe las pruebas acumuladas, determine el grado de negligencia en el mantenimiento de la estructura y establezca las consecuencias penales y económicas definitivas de un suceso que conmocionó el sector del entretenimiento en la capital.