Taveras propone eliminar prisión por difamación y derogar ultraje
Proyecto reforma la Ley 74-25 para reforzar la libertad de expresión y prensa
Santo Domingo. El senador Antonio Taveras Guzmán sometió una propuesta de modificación a la Ley 74-25 que elimina las penas de prisión por difamación, refuerza la protección a la libertad de expresión y de prensa, y plantea derogar el delito de ultraje a funcionarios públicos. La iniciativa busca adecuar el marco penal a los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad, con impacto directo en el ejercicio del periodismo y el escrutinio ciudadano.
Según explicó el legislador, el proyecto procura fortalecer el Estado de derecho y garantizar un equilibrio entre el derecho al honor y las libertades de opinión, crítica e información, evitando sanciones ambiguas o desproporcionadas que puedan inhibir el debate público.
Difamación sin cárcel y sanciones proporcionales
En la modificación del artículo 208, Taveras propone que solo sea sancionable la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. La iniciativa elimina la prisión y la sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.
Para el artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva, el proyecto plantea convertirla en una modalidad agravada de difamación. La propuesta reduce la pena vigente —actualmente de cinco a diez años de prisión— y la sustituye por prisión menor de quince días a un año, cuando la difamación se utilice para obtener beneficios indebidos u obligar a realizar, omitir o tolerar actos en perjuicio de intereses ajenos.
Injuria y límites a la intervención penal
La reforma al artículo 210, sobre injuria, apunta a proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal para conductas graves y dolosas. En este caso, también se elimina la cárcel y se establecen multas de tres a ocho salarios mínimos y la correspondiente reparación civil.
Protección a los medios y derogación del ultraje
El proyecto adecúa el artículo 212 para dejar claro que ninguna infracción contra el honor o la vida privada puede derivar en el cierre de medios, suspensión de actividades, revocación de licencias o incautación de equipos, por considerarlas medidas incompatibles con la libertad de prensa.
Asimismo, Taveras propone derogar el artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario o servidor público. A su juicio, esa figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios, limita el escrutinio público y contradice el principio de igualdad ante la ley.
Un marco alineado con la Constitución
De acuerdo con el senador, las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales de derechos fundamentales, promoviendo una convivencia equilibrada entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el fortalecimiento democrático. La propuesta abre ahora el debate legislativo sobre el alcance y la implementación de estas reformas.
Redacción DiarioDigitalRD
El autor es autor y productor de contenido, colaborador de DiarioDigitalRD.com
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