Tribunal condena banda de secuestradores en San Pedro 

Dictan sentencia a 10 años de prisión tras un operativo que rescató a la víctima. 

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís dictó una condena de 10 años de prisión contra tres hombres que integraban una peligrosa banda criminal dedicada al secuestro y al asalto a mano armada en la región este del país.

El fallo judicial se produjo tras validar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron la participación directa de los procesados en la interrupción de la libertad de un ciudadano en plena vía pública, un golpe directo a las estructuras delictivas que impactaban la seguridad vial de la zona.

Un secuestro frustrado en la Autovía del Este

Los hechos penales juzgados se remontan al 16 de abril de 2024, fecha en la que los condenados Rafael Antonio Guzmán Llena (alias Mello o Rafa), Jorge Luis Carrasco Alfonseca y Julio César Familia Frías (conocido como Miguelito) interceptaron a su víctima en la Autovía del Este. 

Utilizando armas de fuego, violencia física e intimidación, el grupo despojó al ciudadano de su libertad y lo trasladó en contra de su voluntad, con la intención de desarrollar su plan criminal.

La acción de la estructura delictiva fue desmantelada gracias a la rápida intervención policial coordinada en la zona. Los agentes lograron frustrar el crimen en pleno desarrollo, rescatando con vida a la persona afectada y efectuando el arresto en flagrante delito de los tres asaltantes antes de que pudieran ocultar su rastro o exigir compensaciones.

Pruebas contundentes para el dictamen judicial

El tribunal de San Pedro de Macorís, presidido por el juez Juan de la Cruz Rijo Güilamo, basó su dictamen en un robusto expediente elaborado por la Unidad Antisecuestro y la fiscalía local. 

El equipo de litigación, compuesto por los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y Eugenio Zacarías, aportó evidencias documentales, periciales y testimoniales que comprometieron penalmente a los imputados en los delitos de secuestro, retención ilegal y asociación de malhechores.

Durante los allanamientos y detenciones, las autoridades incautaron una pistola utilizada en el crimen, armas blancas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y los vehículos en los que se desplazaba la organización.

A pesar de que el órgano persecutor había solicitado formalmente una pena de 20 años de reclusión para los procesados debido a la gravedad de los tipos penales, el tribunal fijó la sanción en una década de cárcel. 

La sentencia dispone que los tres delincuentes cumplan la totalidad de su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, ordenando además el decomiso definitivo del arma de fuego empleada en la vía pública.