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UE aprueba ley más dura para acelerar expulsiones de indocumentados

La Unión Europea aplicará un drástico giro en su política migratoria con una ley que amplía la detención ilegal hasta los 30 meses y abre la puerta a centros de expulsión externos, desatando duras críticas de las organizaciones de derechos humanos.

| | 4 min read
Bandera Unión Europea.

El Reglamento de Retorno permitirá crear centros de deportación fuera de Europa.

La Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo histórico para aprobar el Reglamento de Retorno, la ley migratoria más severa de las últimas décadas dentro del bloque. Esta polémica legislación busca acelerar de forma drástica la repatriación de migrantes irregulares y responde a un notable giro político hacia posturas de línea dura impulsadas por sectores conservadores. 

El cambio legal afectará directamente la gestión fronteriza y la seguridad en el continente, en un contexto donde solo el 29% de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa abandona efectivamente el territorio comunitario, destaca Euronews.

El pilar central de esta nueva normativa es la autorización para que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, denominados centros de retorno, mediante acuerdos con terceros países. Bajo este esquema, se eliminará el requisito actual que exige que un migrante solo pueda ser devuelto a su país de origen o a uno con el que tenga un vínculo demostrado. Aunque los menores no acompañados quedarán exentos de esta medida, las familias con niños sí podrán ser trasladadas a estas instalaciones externas.

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Varios países europeos ya se han adelantado a la aplicación de la norma para identificar socios estratégicos en su diplomacia migratoria. De hecho, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia se aliaron el pasado mes de marzo para impulsar estos proyectos, mientras que Italia ya opera un sistema similar en Albania, donde mantiene dos centros que actualmente albergan a menos de 100 migrantes.

La reforma también introduce medidas de control interno que han encendido las alarmas de la sociedad civil, ya que permite registrar el lugar de residencia de los migrantes en situación irregular. 

Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado que la redacción de la ley es ambigua a propósito y comparan estas facultades con las redadas del ICE en Estados Unidos. 

Advierten que la medida podría propiciar inspecciones sin las debidas garantías tanto en domicilios particulares como en sedes de asociaciones de ayuda y centros sanitarios.

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En el ámbito judicial y penal, las condiciones para los indocumentados se endurecen de forma drástica. El periodo máximo de detención legal para quienes esperan ser devueltos se extenderá de los seis meses actuales hasta un límite de dos años, con opción a prórroga de seis meses más y duración ilimitada si se considera un riesgo para la seguridad. 

Asimismo, los vetos de entrada a territorio europeo se duplicarán, pasando de cinco a 10 años, con la posibilidad de restricciones de por vida en casos específicos.

Otro cambio estructural de gran impacto ciudadano es la eliminación de la suspensión automática de deportaciones cuando existan recursos judiciales pendientes. A partir de la entrada en vigor de la ley, serán los tribunales, caso por caso, quienes decidan si se paraliza o no una orden de expulsión, debilitando la protección legal estandarizada que existía hasta la fecha.

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Representantes de la izquierda europea y activistas de derechos humanos han calificado la medida como un retroceso vergonzoso que vulnera derechos fundamentales. Las críticas apuntan a que se está consolidando un sistema draconiano de internamiento que pone en riesgo vidas humanas y fractura la unidad familiar en el proceso de expulsión.

Tras este acuerdo político, la normativa deberá recibir la aprobación formal de los eurodiputados y de los países miembros de la UE, un trámite que podría completarse el próximo mes. Una vez ratificado, el texto contempla que algunas disposiciones entren en vigor en 12 meses, acelerando los plazos de un proceso que marcará el futuro de la gestión migratoria en el continente.

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