Abren juicio a candidato de izquierda Roberto Sánchez a días del elecciones en Perú 

Fiscalía pide más de cinco años de prisión por presuntas irregularidades financieras 

A solo días de la segunda vuelta presidencial en Perú, la justicia dio un paso que sacude el escenario político. Un juez de Lima dictó auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia, por presuntos delitos de falsedad documental y ocultamiento de aportes financieros de su partido, Juntos Por el Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

La decisión judicial se produce en plena recta final de la campaña y abre formalmente un proceso penal que podría tener consecuencias políticas y legales para el aspirante de izquierda, que este domingo se enfrentará en las urnas a Keiko Fujimori. 

La Fiscalía solicita para Sánchez una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. Según la acusación, el candidato habría presentado información falsa sobre el estado financiero y los movimientos de caja de su organización política en los informes remitidos a la ONPE en enero y julio de 2019. En esos documentos no se consignaron aportes económicos de origen privado que, de acuerdo con la investigación, sí ingresaron a las arcas del partido. 

El Ministerio Público sostiene que la omisión no fue un error administrativo, sino una acción deliberada para ocultar el verdadero origen y monto de los recursos utilizados durante ese periodo. La investigación busca determinar si existió una estrategia para evadir los controles del sistema de supervisión electoral. 

El requerimiento penal fue presentado en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María. Además de la pena de prisión, la acusación solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer cargos de dirección partidaria, lo que implicaría su salida formal de la presidencia de Juntos Por el Perú. 

Según el expediente fiscal, Sánchez habría suscrito documentación que no reflejaba la realidad de los ingresos recibidos por la organización política, alterando la información que, por ley, debe ser reportada a la ONPE. Las sanciones solicitadas incluyen también restricciones de carácter civil y político vinculadas al ejercicio de funciones públicas. 

El monto que no fue declarado asciende, según la Fiscalía, a unos 204.951,36 soles, equivalentes a más de 51.200 euros. Estos recursos habrían ingresado al partido a lo largo de 2019, pero no aparecieron en las rendiciones de cuentas obligatorias presentadas ante la autoridad electoral. 

El caso llega en un momento especialmente sensible. Sánchez y Fujimori protagonizan una de las contiendas más polarizadas de los últimos años en Perú. La última encuesta difundida antes de la veda electoral otorga a Fujimori un 38 % de intención de voto, frente a un 35 % de Sánchez, en un escenario aún abierto. 

Mientras la campaña entra en silencio, el proceso judicial seguirá su curso. La apertura del juicio añade presión a una elección marcada por la desconfianza ciudadana y refuerza el debate sobre la transparencia en el financiamiento de la política peruana.