Presidente de Bolivia designa nuevo ministro de Defensa en medio de boqueo opositor

Nuevo ministro asume mientras el Gobierno impulsa ley de excepción

LA PAZ, Bolivia.- La crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace más de un mes entró este miércoles en una nueva etapa. En medio de bloqueos de carreteras, protestas en distintas regiones y crecientes dificultades para el abastecimiento de alimentos y combustibles, el presidente Rodrigo Paz Pereira juramentó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa y anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción.

La decisión se produce en un contexto de fuerte tensión nacional. Los cortes de rutas han alterado el transporte de mercancías, provocado escasez de productos básicos en algunas localidades y aumentado la presión sobre el Gobierno, que busca contener el conflicto sin profundizar la confrontación con los sectores movilizados.

Durante el acto de posesión celebrado en el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo en La Paz, Justiniano asumió el cargo con un mensaje enfocado en la recuperación de la estabilidad institucional y la defensa del orden democrático. El funcionario aseguró que su gestión estará marcada por la prudencia, la firmeza y la responsabilidad, al tiempo que rechazó las acusaciones que vinculan las acciones del Estado para restablecer la normalidad con prácticas autoritarias.

“La firmeza con legalidad no es abuso. El diálogo con responsabilidad no es debilidad”, afirmó el nuevo titular de Defensa en una de las frases más destacadas de su primer discurso oficial.

Justiniano sostuvo que el país enfrenta una situación excepcional que exige garantizar el funcionamiento de las instituciones y preservar la seguridad de la población. Aunque reiteró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo, advirtió que ninguna reivindicación puede justificar la paralización del país ni poner en riesgo el bienestar colectivo.

Su llegada al Ministerio de Defensa forma parte de una serie de ajustes impulsados por el Ejecutivo para enfrentar una crisis que ya supera las cuatro semanas y que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Paralelamente, el presidente Paz Pereira anunció el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción contemplados en la Constitución boliviana.

Según explicó el mandatario, la iniciativa busca establecer reglas claras para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de emergencia nacional. Aunque no ofreció detalles sobre el contenido específico del proyecto, expresó su confianza en que los legisladores puedan discutirlo y aprobarlo con rapidez.

“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ha sido enviada al Parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró durante la ceremonia de juramentación.

El anuncio llega mientras continúan las movilizaciones que han afectado el abastecimiento de combustibles, medicamentos y alimentos en varias regiones del país. Las dificultades logísticas también han repercutido en la actividad económica y han incrementado la incertidumbre entre la población.

A pesar del escenario de conflicto, Paz Pereira insistió en que su administración apuesta por una salida institucional basada en el diálogo. El gobernante aseguró que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas, la Policía o las instituciones del Estado tendrá un carácter humanitario y se desarrollará dentro del marco constitucional.

“Nosotros no venimos del concepto de la violencia. Venimos de la cultura democrática, constitucional y del diálogo”, sostuvo el presidente.

Asimismo, informó que el Gobierno ha recibido solicitudes de diversas organizaciones sociales y que ya se han iniciado gestiones para responder a varios de esos reclamos. Según indicó, las autoridades mantienen abiertas las conversaciones con dirigentes de distintos sectores para intentar reducir las tensiones y encontrar puntos de entendimiento.

Mientras tanto, Bolivia sigue pendiente de la evolución de un conflicto que mantiene bloqueadas importantes vías de comunicación y que se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la administración de Rodrigo Paz Pereira desde su llegada al poder. La capacidad de negociación del Gobierno y la respuesta de los movimientos sociales serán determinantes para definir el rumbo de la crisis en las próximas semanas.