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Caso Calamar: MP apelará descargo a Peralta y Castillo

El Ministerio Público apelará la decisión que favoreció a José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros tres imputados en el caso Calamar. Mientras, el tribunal ordenó la apertura a juicio contra 35 acusados por un presunto fraude estatal superior a RD$19 mil millones.

| | 4 min read
El procurador adjunto Wilson Camacho adelantó que el Ministerio Público apelará el “no ha lugar” en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.

Wilson Camacho afirma que hubo errores al valorar pruebas clave

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que favoreció con un auto de no ha lugar a los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como a otros tres imputados del caso Operación Calamar, al considerar que el tribunal incurrió en una valoración incorrecta de pruebas fundamentales del expediente.

La postura fue fijada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, poco después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenara la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.

La decisión judicial envía al banquillo de los acusados al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado por el Ministerio Público como una de las figuras centrales del entramado investigado, así como al abogado Ángel Lockward, varias de sus empresas y otras 33 personas físicas y jurídicas vinculadas al proceso.

Para Camacho, el hecho de que la mayoría de los imputados hayan sido enviados a juicio representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, insistió en que todos los acusados deben responder ante un tribunal de fondo.

“Desde ahora podemos adelantar que el Ministerio Público apelará esos autos de no ha lugar”, declaró el procurador, al sostener que la jueza Altagracia Ramírez realizó una apreciación errónea de varios elementos probatorios presentados durante la extensa fase preliminar del proceso.

Según explicó, el tribunal acogió como válidos testimonios ofrecidos por Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo, Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero al momento de emitir los descargos no habría ponderado adecuadamente esas mismas declaraciones.

Camacho afirmó que la decisión presenta contradicciones y omisiones en la evaluación de las evidencias. Incluso señaló que uno de los beneficiados con el no ha lugar aparece vinculado a documentos aportados por el Ministerio Público que, según la acusación, contienen irregularidades evidentes.

La jueza Ramírez también rechazó los incidentes planteados por las defensas, que buscaban la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal, permitiendo que el grueso del proceso continúe hacia la etapa de juicio.

Entre los acusados enviados a juicio figuran, además, Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros.

La resolución fue adoptada tras concluir que el Ministerio Público presentó suficientes elementos para sustentar la acusación por delitos de corrupción administrativa, desfalco, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, la red desmantelada mediante la Operación Calamar utilizó pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, manejo fraudulento de deudas estatales y un esquema de sobornos vinculados al sector de juegos de azar para desviar recursos públicos y financiar actividades políticas.

El Ministerio Público sostiene que logró sustentar el expediente con más de 1,278 medios de prueba. La investigación dio origen a la Operación Calamar, ejecutada en marzo de 2023 mediante decenas de allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

La sentencia íntegra fue entregada en formato digital a las partes. Tras conocer sus fundamentos completos, el Ministerio Público iniciará el proceso de apelación con el propósito de que los cinco favorecidos con el no ha lugar también sean enviados a juicio.

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