Crecen reclamos al Estado por ola de feminicidios

Más de 80 organizaciones exigen emergencia nacional y acciones urgentes

La indignación volvió a tomar fuerza en República Dominicana. Esta vez, con una carta abierta respaldada por más de 80 organizaciones feministas, activistas, académicas y ciudadanos que reclaman al Estado una respuesta inmediata frente al aumento de los feminicidios en el país, donde al menos 32 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026.

El documento, impulsado por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, no se limita a denunciar cifras. Va más allá: señala fallas estructurales, cuestiona la capacidad institucional para proteger a las víctimas y exige medidas concretas que, según las organizaciones firmantes, no pueden seguir postergándose.

La carta lleva un título que resume el tono de la convocatoria: “¡Ni una menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad”.

Desde Santo Domingo, la Coalición advirtió que los feminicidios no son episodios aislados ni hechos inevitables. A su juicio, representan el resultado de una cadena de omisiones, debilidades institucionales y respuestas tardías frente a denuncias de violencia de género.

“Las mujeres no pueden seguir dependiendo de la suerte o de su capacidad individual para escapar”, plantea el documento difundido este martes, en el que también se responsabiliza al Estado de garantizar condiciones reales de protección.

Piden emergencia nacional

Entre las principales demandas figura la Declaratoria de Emergencia Nacional por Feminicidios y Violencia de Género, acompañada de un plan integral que incluya presupuesto suficiente, metas públicas, seguimiento institucional y mecanismos de rendición de cuentas.

Las organizaciones sostienen que las políticas actuales no han logrado contener la violencia machista y que la respuesta oficial continúa fragmentada, sin coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de prevención, persecución y atención a las víctimas.

El reclamo ocurre en medio de una creciente preocupación social por la frecuencia de los asesinatos de mujeres, muchos de ellos cometidos por parejas o exparejas, incluso después de denuncias previas y órdenes de alejamiento.

Las medidas que exigen

La carta abierta incorpora una serie de propuestas específicas dirigidas al Gobierno y a los organismos de seguridad y justicia.

Entre ellas se encuentra la aprobación inmediata de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una pieza considerada clave por sectores feministas y de derechos humanos.

Además, exigen auditorías independientes al funcionamiento de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República en los casos de violencia de género. La revisión, según el documento, debe incluir participación de organizaciones feministas, familiares de víctimas y observatorios sociales.

Otro de los puntos plantea la creación de mecanismos eficaces para localizar y procesar a agresores, así como el desarme y separación del servicio de policías o militares con denuncias documentadas de violencia machista.

La Coalición también reclama mayor inversión pública para fortalecer las casas de acogida, ampliar programas de autonomía económica para mujeres en situación de riesgo y garantizar reparación integral a hijos e hijas que quedan huérfanos tras un feminicidio.

En el ámbito educativo, el movimiento exige integrar la educación para la igualdad en el currículo escolar como herramienta preventiva frente a la violencia.

Una campaña que busca crecer

La iniciativa no quedará limitada al grupo inicial de firmantes. La Coalición anunció que cualquier ciudadano podrá adherirse públicamente a la carta a través de la plataforma feminicidios.do, con la intención de ampliar la presión social sobre las autoridades.

El objetivo, explicaron, es convertir el reclamo en una demanda nacional sostenida y mantener el tema en el centro del debate público.

“Cada firma es una forma de decir que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como una tragedia inevitable”, expresó la organización convocante.

El documento cierra recordando nombres de víctimas recientes: Esmeralda, Yessika, Nikaury, Diana e Indhira. Nombres que, para las organizaciones, reflejan una realidad que sigue dejando familias rotas y una pregunta pendiente sobre la capacidad del Estado para proteger la vida de las mujeres dominicanas.