Escándalo por cámaras de inteligencia artificial en pueblo de Nueva York 

Alcaldesa de Nueva York declara emergencia y desafía al Ayuntamiento por vigilancia en Troy

La instalación secreta de tecnología de vigilancia masiva ha sumido en el caos a Troy, una ciudad de 52,000 habitantes en el estado de Nueva York. El conflicto estalló cuando residentes descubrieron que la policía local desplegó 26 cámaras con inteligencia artificial operadas por la firma Flock Safety sin el consentimiento del poder legislativo. 

Ante el rechazo del Ayuntamiento demócrata, que intentó bloquear el financiamiento del proyecto, la alcaldesa republicana Carmella Mantello tomó la drástica medida de declarar el estado de emergencia para mantener los dispositivos activos, según informa The Washington Post.

Los aparatos capturan datos biométricos vehiculares avanzados, incluyendo marcas, colores e imperfecciones en las carrocerías, cruzando información con una base de datos de alcance nacional.

Un agudo conflicto político y civil estalló en Troy, Nueva York, tras revelarse la colocación no autorizada de veintiséis cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, lo que provocó una declaración de emergencia y demandas judiciales entre autoridades locales.

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La raíz del enfrentamiento institucional también posee un trasfondo financiero. De acuerdo con las normativas internas de Troy, cualquier transacción pública que supere el umbral de los $35,000 dólares requiere obligatoriamente la autorización y el escrutinio del Ayuntamiento. 

Sin embargo, el departamento policial local suscribió de forma unilateral un contrato cerrado por un monto de $156,000 dólares por un periodo de dos años con la compañía proveedora.

El subjefe policial, Steven Barker, argumentó que las herramientas tecnológicas son indispensables y ya se han utilizado activamente en pesquisas de alta complejidad, permitiendo resolver con éxito dos homicidios recientes. 

Como respuesta defensiva ante la indignación de los contribuyentes, las fuerzas del orden aseguraron que los registros recabados se eliminan automáticamente tras 30 días y confirmaron que suspendieron formalmente su participación en la red de búsqueda nacional compartida.

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La presidenta del Ayuntamiento, Sue Steele, lideró una contraofensiva judicial presentando una demanda formal contra la alcaldesa por la opacidad en el manejo del presupuesto y la seguridad. 

A nivel nacional, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles alertó que el sistema vulnera las protecciones consagradas en la Cuarta Enmienda.

El debate escaló al reportarse alarmantes abusos del sistema Flock en otros territorios del país, utilizándose ilegalmente para rastrear mujeres que abortaron en Texas, colaborar con investigaciones migratorias federales e incluso para el acoso personal por parte de jefes policiales en Kansas. 

Mientras tanto, activistas comunitarios exigen el retiro total de las cámaras bajo consignas de privacidad ciudadana.