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El caos en Haití: más de 1.600 muertos en apenas tres meses

El primer trimestre de 2026 deja un rastro de sangre en Haití con más de 1.600 muertes. Un informe de la ONU revela un dato alarmante: las fuerzas de seguridad son responsables de casi el 70% de las víctimas.

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La ONU denuncia ejecuciones policiales y una violencia que se expande por todo el país.

Haití no encuentra el freno a su caída libre. El primer trimestre de 2026 ha cerrado con una cifra que hiela la sangre: 1.642 personas asesinadas en incidentes violentos entre enero y marzo. Sin embargo, el dato más perturbador del último informe de Naciones Unidas no es la crueldad de las bandas, sino el papel de quienes deberían imponer el orden. Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), las fuerzas de seguridad son responsables de casi el 70% de estas víctimas.

A pesar de que el discurso oficial habla de "avances" en ciertos puntos de Puerto Príncipe, la realidad a pie de calle cuenta una historia muy distinta. La violencia ha mutado y se ha desplazado hacia departamentos como Centro y Artibonite. En este último, la población civil quedó atrapada en medio de ataques coordinados contra grupos de autodefensa que dejaron 83 muertos en apenas 16 localidades.

El Estado bajo sospecha

Lo que antes se entendía como una guerra contra el crimen, hoy parece una ofensiva sin filtros. Las cifras son claras: mientras las pandillas causaron el 27% de las muertes, las operaciones policiales y militares se llevaron por delante al 69%. En este balance aparecen decenas de civiles y niños que quedaron en el fuego cruzado o en intervenciones calificadas de desproporcionadas.

El informe de la BINUH va más allá y pone nombre a una práctica que se está volviendo sistemática: las ejecuciones sumarias. Se estima que al menos 33 personas han muerto a manos de agentes policiales sin proceso alguno, en lo que parece una política de "limpieza" al margen de la ley.

Drones y empresas privadas

Un elemento nuevo y sombrío se suma al conflicto: el uso de tecnología letal. Organizaciones como Human Rights Watch ya han puesto el grito en el cielo por el despliegue de drones artillados.

Estas operaciones, a menudo apoyadas por empresas de seguridad privadas como Vectus Global —que opera con licencias de exportación de servicios de defensa—, han dejado un saldo de más de 1.200 muertos en el último año.

Mientras tanto, las bandas criminales mantienen su campaña de terror basada en la violencia sexual, con casi 300 víctimas registradas en este trimestre, la mayoría niñas y adolescentes.

Haití sigue siendo un territorio donde el control social se escribe con sangre y donde, lamentablemente, el uniforme del Estado ya no garantiza protección, sino un nuevo motivo de miedo.

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Servicios de Europa Press

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