Gobierno aprieta el gasto ante impacto petrolero global

Medidas buscan liberar RD 40,000 millones frente a la crisis en Medio Oriente

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano decidió apretar el cinturón. Frente al impacto económico derivado de la crisis en Medio Oriente y el alza sostenida de los precios del petróleo, el Poder Ejecutivo activó un conjunto de medidas de contención del gasto público con el objetivo de liberar cerca de RD 40,000 millones y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

El anuncio se produjo durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, encabezado este jueves por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional. La reunión tuvo como eje central evaluar los efectos del contexto internacional sobre la economía local y ajustar las prioridades del presupuesto nacional.

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el plan parte de un principio claro: se respetarán todos los compromisos ya formalizados bajo contrato. Sin embargo, las apropiaciones presupuestarias que aún no han sido comprometidas serán revisadas, ajustadas o reducidas según las necesidades del país.

Entre las medidas adoptadas figuran la reducción de gastos operativos, la contención en la compra de vehículos —con excepción de áreas sensibles como asistencia social y seguridad alimentaria—, así como la disminución de reparaciones menores y mantenimientos no urgentes. También se aplicará una racionalización de servicios, contrataciones, viáticos, pasajes, combustible y publicidad oficial.

El ajuste alcanza, además, la celebración de eventos públicos, que deberán limitarse a costos mínimos, y el gasto en textiles y vestuario. A esto se suma una reducción del 50 % en el presupuesto destinado a los partidos políticos, junto con una disminución verificable de las transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas que tienen capacidad para generar sus propios recursos.

Rijo Presbot subrayó que estas decisiones no responden a un simple ejercicio contable, sino a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto que no sea prioritario. El objetivo, dijo, es preservar la estabilidad económica, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar que el Estado mantenga margen de maniobra ante un escenario internacional incierto.

El contexto no es menor. Según datos oficiales, cada aumento sostenido de 10 dólares por barril en el precio del petróleo implica alrededor de 763 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual del país. Ese incremento se traduce en mayores presiones fiscales y en un costo más elevado de los subsidios que el Estado utiliza para contener el impacto en la población.

En esa misma línea, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que la República Dominicana enfrenta un choque externo cuyo principal canal de transmisión es el encarecimiento del crudo. Este fenómeno, señaló, tiene efectos directos sobre la inflación y el costo de vida, especialmente en economías importadoras de energía como la dominicana.

Paliza destacó que, pese a la magnitud del desafío, el país ha logrado amortiguar el golpe mejor que otras naciones de la región. No obstante, advirtió que esa protección a las familias dominicanas tiene un costo fiscal significativo, por lo que debe manejarse con prudencia y sostenibilidad.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la situación como uno de los mayores choques de precios de la historia reciente del país, tras un alza superior al 80 % en el petróleo. Aun así, aseguró que la estrategia gubernamental se sostiene sobre tres pilares: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto en los alimentos y la canasta básica; y mantener la inversión pública.

Díaz recordó que el país cuenta con reservas internacionales por encima de los 16,000 millones de dólares, estabilidad cambiaria, crecimiento económico y programas sociales fortalecidos. Todo ello, afirmó, permite aplicar una política de austeridad selectiva, enfocada en proteger a quienes más lo necesitan sin frenar el dinamismo de la economía.