Revelan cómo operaba red contrabandeó más de 500 televisores; piden prisión preventiva

Durante operativos piden coerción contra los siete implicados en red

Un entramado de contrabando que operaba con logística estructurada y amplios recursos económicos quedó al descubierto tras una serie de operativos ejecutados por el Ministerio Público y organismos de inteligencia, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra los delitos aduaneros en República Dominicana.

La red, integrada por siete ciudadanos dominicanos, fue sorprendida en flagrante delito mientras realizaba el traslado ilegal de más de 500 televisores, además de otros equipos electrónicos introducidos al país sin cumplir los procedimientos legales.

Operativo revela estructura y logística criminal

Las investigaciones, desarrolladas con apoyo de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), permitieron identificar el modo de operación del grupo, que trasladaba mercancías desde el muelle de Puerto Plata hasta puntos de distribución en Santo Domingo Este.

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El pasado 20 de abril, los implicados fueron interceptados mientras descargaban televisores de un furgón hacia varios camiones en el sector Alma Rosa. Este hallazgo fue clave para establecer la magnitud del negocio ilícito.

Posteriormente, un allanamiento en el sector Valle del Este permitió ocupar más equipos electrónicos, incluyendo televisores de distintas marcas, DVR y otros dispositivos. Además, las autoridades incautaron cinco camiones, una yipeta del año, un arma de fuego, así como dinero en efectivo y documentos financieros que evidencian movimientos millonarios.

Entre los bienes retenidos figuran un cheque por más de RD$772,750 y RD$286,200 en efectivo, junto a comprobantes bancarios que refuerzan la hipótesis de una operación sostenida en el tiempo.

Ministerio Público solicita prisión preventiva

El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción diferenciadas para los implicados, destacando la petición de prisión preventiva contra quien es señalado como cabecilla de la red, Sergio Luis Cáceres Leonardo.

Para los demás acusados, las autoridades solicitan garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras avanzan las investigaciones.

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Los imputados enfrentan cargos por defraudación aduanera, contrabando, evasión fiscal y asociación de malhechores. En uno de los casos, también se incluye el porte ilegal de arma de fuego.

La audiencia para el conocimiento de las medidas fue aplazada para el 29 de abril de 2026, lo que permitirá al órgano acusador fortalecer el expediente.

Este caso pone en evidencia no solo la dimensión económica del contrabando, sino también los desafíos que enfrentan las autoridades para desarticular redes que operan con altos niveles de organización y recursos, impactando directamente en la economía formal del país.