Organizaciones reclaman recursos incautados al narcotráfico

Entidades exigen cumplimiento de ley en distribución de fondos legales para tratar adicciones

Diversas organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones en la República Dominicana manifestaron su expectativa ante el anuncio de la primera subasta del Instituto de Custodia y Administración de Bienes Incautados (INCABIDE), aunque reiteraron su exigencia de que se cumpla con la ley en la distribución de los recursos.

Las entidades señalaron que, según lo informado por el director del organismo, Manuel Oviedo Estrada, los fondos generados por estas subastas permitirían cumplir con la disposición legal que establece la entrega del 15 % de los recursos a las organizaciones sociales que trabajan en el área.

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Reclaman cumplimiento de leyes vigentes

No obstante, advirtieron que existe preocupación debido a versiones que indican que el dinero recaudado sería destinado directamente al Fondo General de la Nación. En ese contexto, recordaron que los más de RD$3,000 millones confiscados entre 2020 y septiembre de 2023 deben distribuirse conforme a la Ley 155-17, vigente antes de la creación de INCABIDE.

Las organizaciones afirmaron que durante años han reclamado estos fondos sin resultados concretos, denunciando un historial de incumplimientos, modificaciones legales y reducción de garantías que han afectado su operatividad, especialmente en la atención a sectores vulnerables.

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Piden financiamiento estable y sostenible permanente

En el comunicado, también alertaron sobre la fragilidad de los programas de atención, que dependen de recursos limitados y esporádicos. Subrayaron que estas entidades representan, en muchos casos, la única opción de tratamiento para personas de escasos recursos afectadas por el consumo de sustancias.

Asimismo, cuestionaron el enfoque de las políticas públicas centradas en la represión del narcotráfico, señalando que este modelo ha demostrado ser ineficaz para reducir el problema de las drogas.

Como alternativa, propusieron establecer mecanismos de financiamiento permanente en el reglamento de la Ley 60-23, que permitan garantizar recursos sostenidos para programas de prevención, tratamiento y reinserción social.

Las organizaciones concluyeron reiterando su llamado a las autoridades para que se respete la ley y se priorice un enfoque basado en salud pública y derechos humanos, en beneficio de las poblaciones más afectadas.