Entidades buscan frenar proyecto energético en Manzanillo

Organizaciones alegan daños ambientales y violación de ley vigente

Santo Domingo. — El conflicto en torno al proyecto energético de Manzanillo escala a un nuevo nivel. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) anunciaron que someterán una querella con medida cautelar para detener la iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El objetivo es claro: paralizar las obras hasta que el proyecto sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, un área considerada clave para la biodiversidad del Caribe insular.

Las organizaciones sostienen que la ubicación del proyecto —que contempla la construcción de dos plantas a gas natural licuado con una capacidad conjunta de 860 megavatios— contraviene la legislación ambiental vigente, que prohíbe este tipo de intervención en áreas protegidas o sus zonas de influencia.

Según explicaron, antes de recurrir a la vía judicial agotaron un proceso de diálogo de más de un mes con BID Invest. En ese espacio, aseguran haber presentado evidencias técnicas que demuestran la incompatibilidad del proyecto con el marco legal dominicano. Sin embargo, la respuesta fue mantener la obra en su ubicación actual, amparada en una licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este punto es, precisamente, el núcleo de la controversia. Para el CNLCC e INSAPROMA, dicha licencia carece de validez jurídica. Argumentan que ninguna autoridad puede autorizar actividades que la ley prohíbe expresamente, y califican la decisión como una violación directa al régimen de protección ambiental.

El conflicto no se limita al plano legal. Las organizaciones denuncian que el desarrollo del proyecto ya ha provocado la eliminación de cerca de 500 mil metros cuadrados de bosque seco, un ecosistema que funcionaba como barrera natural para los manglares del Estero Balsa.

Advierten, además, que la continuidad de estas operaciones podría acelerar la degradación de los humedales y lagunas costeras de la bahía de Manzanillo, protegidos por el convenio internacional Ramsar. A su juicio, la presión acumulada de este y otros proyectos energéticos en la zona amenaza con alterar de forma irreversible el equilibrio ecológico del área.

Como parte de su ofensiva, comunitarios de Manzanillo, con el respaldo de ambas entidades, también llevaron el caso ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaciones (MICI) del BID, buscando una revisión del financiamiento internacional.

Mientras el proceso avanza, las organizaciones insisten en que la prioridad debe ser la recuperación del área afectada y la protección de uno de los sistemas de manglares más importantes de la región. El desenlace, ahora, queda en manos de los tribunales y de los organismos internacionales involucrados.