Comienza el desmantelamiento legal del imperio de la Operación Falcón

Ministerio Público lee acusación formal contra setenta implicados en red de lavado

La justicia dominicana ha dado un paso trascendental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En una jornada que marca un hito procesal, el Ministerio Público inició formalmente la lectura de una acusación monumental: 4,000 páginas de teoría fáctica que detallan cómo una estructura criminal logró infiltrar los cimientos sociales y políticos de la República Dominicana conocida como Operación Falcón.

El caso no solo persigue a individuos, sino que busca desarticular un entramado de 70 personas físicas y entidades societarias que supuestamente movilizaron miles de millones de pesos bajo un manto de aparente legalidad.

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Fortuna ilícita camuflada en negocios legales

La estrategia de la red, según los fiscales Eduardo Velásquez, Yeni Liranzo y el equipo de persecución, consistía en una compleja usurpación de identidad y el uso de clanes familiares para lavar activos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas. 

Con el dinero obtenido de estas actividades ilícitas, el Ministerio Público indica que, los acusados adquirieron un patrimonio asombroso que incluye villas de lujo, apartamentos, terrenos y, de manera estratégica, una cadena de estaciones de combustible en puntos clave como Santiago, Santo Domingo y la zona este del país.

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El expediente sostiene que la organización no solo buscaba lucro económico, sino también poder e incidencia política. Entre los señalados figuran nombres como Juan Maldonado Castro (alias "El Líder") y María Olimpia Tavares Rodríguez ("La Princesa"), quienes presuntamente operaban bajo las directrices de Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, estos últimos ya enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos. 

La magnitud de la red es tal que el Ministerio Público ha presentado más de 3,000 elementos presuntamente probatorios para sustentar la acusación ante el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago.

Sociedades comerciales bajo la lupa judicial

El enfoque de este juicio destaca por la persecución a las entidades societarias. Empresas con nombres tan variados como Club Dubai, Fire Entertainment, la Industria Bananera Dominicana (IBADOM) y múltiples estaciones de servicios Texaco, están bajo la mira de las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis. 

Dichas compañías están acusadas de funcionar como el pulmón financiero de la estructura, permitiendo que el dinero sucio fluyera a través del sistema bancario formal bajo conceptos de actividades comerciales legales, como restaurantes, constructoras y fundaciones de ayuda social.

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La audiencia, que fue suspendida recientemente, se retomará el próximo jueves 16 de abril. Para la sociedad dominicana, este juicio representa más que un proceso penal; es un examen a la capacidad del Estado para enfrentar a grupos que, mediante el patrocinio del narcotráfico, intentaron comprar legitimidad social. 

Mientras los fiscales continúan desglosando cada folio de la acusación, el país observa cómo se desmorona, ladrillo a ladrillo, un imperio construido sobre el delito y la opacidad.

La Operación Falcón entra así en su etapa más crítica, buscando una sentencia que siente un precedente histórico contra el lavado de activos, pero, según las leyes dominicanas, a estos se les debe probar los hechos por lo que están acusados.