MP pide siete años de prisión para Elizabeth Silverio por usurpación de funciones

Solicitan prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso

El Ministerio Público solicitó este jueves a la Novena Sala Penal del Distrito Nacional que se imponga una condena de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de ejercer profesiones del área de la salud sin contar con la formación ni las acreditaciones requeridas. La imputada operaba el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), donde ofrecía servicios dirigidos a niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Además de la pena de prisión, el órgano acusador pidió una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las evidencias ocupadas y la variación de la medida de coerción vigente. Argumentó que Silverio ya fue condenada en un proceso anterior y que enfrenta la posibilidad de una nueva sentencia, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de fuga, sumado al daño causado a familias que confiaron en sus servicios.

La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas expusieron que Silverio desarrolló un esquema de engaño haciéndose pasar por neurocientífica y psicóloga, sin poseer títulos válidos ni habilitación legal. Indicaron que la investigación permitió confirmar que no cuenta con registros académicos reconocidos ni autorización para ejercer profesiones vinculadas a la salud, según certificaciones de universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

El Ministerio Público sostuvo que la imputada utilizó documentos falsificados, incluidos títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, para aparentar una preparación profesional que no tenía. Con ello, logró captar familias que buscaban atención especializada para sus hijos.

Durante el juicio, padres de menores afectados declararon que Silverio realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional. Algunos testimonios señalaron que llegó a diagnosticar condiciones inexistentes, lo que provocó retrasos en la atención adecuada y afectaciones en la salud de los niños.

El órgano acusador recordó que el centro operado por Silverio fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras comprobarse que funcionaba sin las autorizaciones correspondientes. Informes financieros incorporados al expediente indican que la actividad generaba ingresos significativos, lo que, según la acusación, evidencia un propósito lucrativo sustentado en el engaño.

El Ministerio Público calificó los hechos como especialmente graves debido a que las víctimas son niños en condición de vulnerabilidad, cuyas familias depositaron su confianza en la imputada buscando apoyo profesional.

La acusación sostiene que la conducta de Silverio encuadra en los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, además de violaciones a la Ley General de Salud y a la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Concluidos los debates, la jueza Milagros Ramírez Cabrera se retiró a deliberar y fijó la lectura del fallo para el martes 14 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde.